Ramón H. Potosme
Bacilio señaló que la Intendencia de la Propiedad comenzó el proyecto de barrido catastral con el cual pretenden titular las propiedades y en la cual toman una foto al dueño de la tierra. Pero indicó que esa es una forma de despojarles porque al pretender desmembrar la propiedad indígena en parcelas pierde su origen comunal. Además, indicó que eso no es posible porque la foto del dueño sería la de toda la comunidad.
Señaló que el proyecto no toma en cuenta que en esa zona existen pueblos indígenas y por consiguiente la realidad es distinta. “Es muy diferente la división de municipios porque el territorio de los pueblos sobresalen a los departamentos o los municipios”, dijo Bacilio ejemplificando con el título del pueblo de Matagalpa que comprende seis municipalidades.
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Líderes de pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país demandaron la aprobación de la Ley de autonomía para estos pueblos, puesto que jueces y procuradores desconocen la posesión de sus tierras. Señalaron que todos los casos de disputa de propiedad son fallados a favor de terratenientes o las municipalidades.
José Ángel Granados, presidente del pueblo indígena de Jinotega y Benito Bacilio, presidente del pueblo indígena de Litelpaneca, manifestaron que jueces y procuradores no reconocen los títulos reales que ellos poseen desde la época de la Colonia.
Bacilio y Granados proclaman el derecho a sus tierras y señalan que de aprobarse la Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte podrían proceder al saneamiento de sus tierras y al correcto pago de los cánones de arriendos que muchos finqueros poseen.
FALTA CONSENSO
El proyecto de Ley se encuentra dictaminado y listo en la primera secretaría de la Asamblea Nacional, pero no fue puesto en agenda para el primer trimestre. Según la primera secretaria del parlamento Alba Palacios, la tardanza se debe a que todavía falta consenso sobre el tema. La diputada Elízabeth Enríquez, de la Comisión de Asuntos Étnicos que dictaminó el proyecto de ley, dijo esperar que sea incluida en el segundo trimestre del año, pero que faltaba ajustar algunos detalles.
Granados explicó que el problema es tan grande que solo el diez por ciento de los arrendatarios pagan su canon de arriendo y el resto paga impuestos a la Alcaldía de Jinotega.
Aunque algunos estudios indican que hay más de 27 pueblos indígenas, el Consejo Nacional de Pueblos originarios, reconoce a 22 pueblos, por su nivel de organización, autorreconocimiento y posesión de títulos reales obtenidos de la Corona española. Granados explicó que sus títulos son los únicos que pueden valer por haber sido expedidos antes de la creación del Estado de Nicaragua. Además, así lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales.
JUECES SIEMPRE FALLAN CONTRA INDÍGENAS
Granados señala que hay arrendatarios con una cantidad de manzanas, pero que en la realidad toman decenas de manzanas adicionales. Lamentó que en todos los reclamos, los jueces han fallado a favor de los finqueros.
Mientras en Litelpaneca, Bacilio cuenta que tras la quiebra del Interbank ellos impidieron que las tierras fueran subastadas y finalmente se las regresaron. Pero recientemente la municipalidad ubicó a desmovilizados del Ejército y la Resistencia, que han destruido la naturaleza. Él lamenta que estas personas vendan inmediatamente las propiedades, mientras la mayoría de la población de la casta indígena no tiene acceso a la tierra.
Bacilio recordó que para evitar el arrebato de esas propiedades la Junta Directiva del pueblo indígena protestó, pero las autoridades en su momento arrestaron a los líderes comunales y las tierras quedaron en manos de los extraños. Según Bacilio, ello ocurre en lugares como el pueblo indígena de Santa Bárbara en Somoto y el resto del país.
El problema en Sébaco es mayor. De acuerdo con Justhean Osejo, en su pueblo solo el treinta por ciento de los indígenas tiene acceso a la tierra.
Por otro lado, Osejo rechazó la imposición de la Junta Directiva por parte de la Alcaldía cuyo presidente, según ella, ni siquiera es de la casta indígena. Esto ha creado inestabilidad y desorden por lo que los arroceros y horticultores no saben a cuál de las directivas pagar sus cánones de arriendo.
Osejo afirmó que de aprobarse la Ley habría un proceso autónomo y las alcaldías no tendrían el poder de imponer a sus más cercanos.
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