Caracas/EFE
“Si en una cárcel pasa eso qué puede quedar para las personas que están en las calles. Si tenemos un Estado que no es capaz de ofrecer seguridad dentro de un recinto penitenciario, qué puede quedar para el ciudadano común”, se preguntó el también gobernador de Miranda. Advirtió de que este “no es un problema de las víctimas”, sino que “tiene que ser un problema de todos”.
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La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó ayer que 58 personas murieron tras el motín registrado el viernes en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental, conocido como Uribana, y anunció, en un recorrido ante las cámaras de la televisión estatal, que se trasladó a 2,003 hombres y 132 mujeres internos y que solo 161 siguen en una de las áreas del penal.
“Tenemos un lamentable saldo de personas que perdieron la vida tanto aquí en el recinto como después producto de las heridas (…) de 57”, afirmó la funcionaria y señaló que a ese “parte doloroso” se suma un cuerpo calcinado hallado ayer en el penal, ubicado en el estado de Lara.
Varela aclaró que no se registró enfrentamiento entre autoridades y reos y que la “anunciada” requisa “aún no se ha hecho”. Atribuyó la violencia a una “resistencia” de “líderes negativos” del penal, que permanecían ocultos y manejaban “otro tipo de información” y salieron a disparar “a mansalva”. Varela sentenció que para una inspección de ese tipo se requiere de “todo un protocolo”.
Aseguró que desde hoy se iniciará una “revisión exhaustiva” de los procesos judiciales de los reclusos de Uribana, para otorgarle beneficios a aquellos que les corresponda. “Hoy estamos diciendo y lo anunciamos así al país: acabamos con el mito de Uribana. Estamos liberando de pranes (líderes de los presos) al estado Lara”, añadió Varela, quien admitió que esos “líderes negativos” los sacaban “a punta de disparos” de esa cárcel.
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