Ramón H. Potosme
La iniciativa de reformas a la Ley de Protección y Atención a las Personas dedicadas a la Actividad del Buceo fue enviada a la Comisión de Medioambiente luego que fuera introducida por el presidente del Consejo Regional del Atlántico Norte (Craan).
La reforma plantea una prórroga indefinida para la entrada en vigencia de la prohibición de la caza de langosta mediante buceo.
La diputada del partido indígena Yatama, Elízabeth Enríquez, mantiene el rechazo a la reforma porque considera que el Gobierno y los empresarios pesqueros deben asumir su responsabilidad con determinación, pues ya han pasado cinco años, desde la aprobación de la Ley y no tendría sentido legislar para que las disposiciones no sean aplicadas.
Enríquez manifestó que pedirán que el director del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), Steadman Fagoth, sea interpelado y responda a los cuestionamientos de los legisladores en el plenario. La diputada considera que debe explicar qué acciones ha tomado en los últimos cinco años para implementar el plan de reconversión laboral de más de tres mil buzos miskitos.
“Que el plenario cuestione al director de Inpesca. Debería renunciar y que dé un informe a la Asamblea. ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Cuáles han sido las gestiones que ha hecho? Porque este problema no es solo venir a pedir prórroga, tienen que haber soluciones”, dijo Enríquez.
La legisladora dijo que ha cabildeado con varios miembros de la bancada sandinista para que el director de Inpesca asista al parlamento y que muchos de sus compañeros están en desacuerdo con la prórroga.
Para la legisladora si existe voluntad política también habrá recursos. Indicó que ellos han propuesto un plan de reconversión laboral que implicaría mejores condiciones para los buzos y cuyo costo es de 23 millones de dólares.
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