Elízabeth Romero
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Las esposas de tres de cinco detenidos, que habían sido beneficiados con arresto domiciliar tras ser capturados en la Operación Sur, se encuentran alarmadas porque sus parejas no han sido remitidas al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y se encuentran aislados en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
María Nely Segura, exesposa de Pedro José Medina Amoretti, uno de los detenidos, manifestó que teme por su vida dado que este tiene antecedentes de hipertensión y no sabe si lo están medicando.
“Yo preferiría honestamente que me lo trasladen al Sistema Penitenciario, pero también que me le den tratamiento médico”, manifestó Segura.
Ella pide a las autoridades le entreguen en depósito la casa que fue ocupada por la Policía y que ha pertenecido a la familia, porque no es producto de ningún enriquecimiento ilícito. La mujer señala que en su casa le ocuparon tres televisores deteriorados, un oasis de agua que no es de su propiedad sino de la empresa que presta el servicio de agua purificada y nada más.
Ella alega que en su casa lo que vende es ropa usada, y que pese a que no encontraron bienes de valor, ella y sus hijos han sido obligados a pedir posada a vecinos.
Segura reconoce que en su familia son miembros activos del partido de gobierno y en el caso de Medina, es un exmilitar que cuenta con un aval político del 2013, emitido por el municipal del FSLN de Rivas. Ella alega que no existen pruebas contra Medina Amoretti.
La defensa del acusado introdujo un incidente de nulidad, igual que los otros beneficiados con el arresto domiciliar que otorgó la juez Gertrudis Arias, el cual luego fue revocado por órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
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