MARTHA VÁSQUEZ
En el caso de Terán alegaron urticaria y malestares estomacales por infección, y en el caso de los reos de Operación Sur, hipertensión arterial, riesgos de infartos y otras enfermedades crónicas.
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La diferencia con que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha tratado el caso de la juez Gertrudis Arias, por haber concedido arresto domiciliar a cinco procesados por narcotráfico, ha generado críticas en el sector de justicia, ya que ven “saña y desproporcionalidad” en la actuación, contrario a lo que pasó con la juez Adela Cardoza, cuando concedió el mismo beneficio a Guillermo Terán, condenado por crimen organizado el año pasado.
Jueces y magistrados admiten que la “doña tiene cojones”, en referencia a Arias, porque aplicó la excepción de la ley “sin permiso”, pero ahora nadie da la cara por ella por temor a que “lo embarren”.
“Cuando aplicaron la excepción al señor Terán, que ya crea jurisprudencia, nadie dijo nada, ni la misma CSJ, ni Policía, ni Fiscalía ni la Procuraduría impugnaron el acto. Ahora pregunto ¿Por qué tanta saña con esta juez o es que se quiere distraer la atención de algo más?, expresó el jurista Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
Tanto para Novoa como para otros litigantes, con la revocación forzosa de la medida cautelar, que hizo la juez Arias este lunes, se dejó en evidencia una vez más la falta de autonomía e independencia de los jueces en el poder judicial.
“Ella fundamentó su criterio jurídico anteponiendo la Constitución que manda a tutelar el derecho a la vida, como derecho fundamental, sobre leyes de crimen organizado y vigilancia penitenciaria, que son ordinarias. Lo que no hizo fue invocar el artículo que dice que el juez puede declarar la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto, porque estaba en riesgo la vida de cinco personas, pero eso no la hace merecedora de tanta saña”, explicó Novoa.
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