Gloria Picón Duarte
Oficialmente no se conoce si las hijas del presidente inconstitucional Daniel Ortega han sido nombradas como funcionarias de gobierno, sin embargo la forma en que aparecen acompañándolo en delegaciones oficiales indica que hacen “funciones gubernamentales”, lo cual a criterio del jurista Gabriel Álvarez atenta contra el Derecho.
Álvarez explica que el vínculo de consanguinidad prohíbe —según la Constitución— que hijos del presidente y su esposa tengan nombramientos dentro del Gobierno.
En los medios chilenos también se habló de que el gasto de la cumbre fue de unos 13 millones de dólares y que para cada delegación había dos habitaciones y que en caso de algunas que ocuparon hasta diez tuvieron que cubrir sus gastos.
[/doap_box]
No obstante, tanto los hijos (Rafael, Camila y Luciana) del presidente como su esposa Rosario Murillo, quienes acompañaron a Ortega en la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac), han aparecido en las reuniones de trabajo oficiales del Gobierno opacando a funcionarios del Gobierno.
“Ahí lo que vemos son ciudadanos privados en reuniones oficiales”, dijo Álvarez, quien señala que las instituciones de Nicaragua deben investigar si hay usurpación de funciones, ya que es evidente que son ciudadanos que están haciendo funciones de representación del pueblo nicaragüense en las reuniones oficiales.
Por su parte, el experto en derecho internacional y exdiplomático, Julio Icaza, expresó que la Cancillería de la República o la misma Presidencia deberían aclarar en calidad de qué se están presentando los hijos del presidente en las reuniones de jefes de Estado, porque no se sabe qué papel desempeñan y quién paga los viajes. LA PRENSA llamó al canciller Samuel Santos a su celular pero no respondió.
Para Álvarez, más allá del asunto económico está el legal, porque hay serios indicios de “usurpación de funciones”.
En fotos del Celac los medios chilenos criticaron el “particular protocolo” del presidente de Nicaragua al sentarse junto a su esposa y dejar atrás al embajador Denis Moncada Colindres, quien estaba a la par de Camila y Luciana, ambas hijas de Ortega.
“Si hubiese usurpación de funciones, la Procuraduría, la Controlaría y el Ministerio Público son los que deben investigar. Deben investigar qué andan haciendo personas privadas en funciones públicas y deben hacerlo tanto desde el punto de vista del derecho como del económico”, manifestó Álvarez.
El expresidente Arnoldo Alemán fue muy criticado por tener en el Gobierno a sus hijos y otros familiares, a quien además se le investigó por usar fondos de la Presidencia para comprar objetos personales en los viajes oficiales.
Álvarez indicó que el presidente como padre puede llevar a sus hijos, pero el problema es que estén aparentemente ejerciendo tareas de funcionarios públicos.
“El pueblo tiene derecho a ser representado conforme a la Ley, su equipo de gobierno y las personas que le asisten deben ser elegidas como la Ley manda y no como a él (Ortega) se le ocurre, porque no es la servidumbre de su casa la que está eligiendo”, señaló Álvarez.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,4 A