El magistrado y presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, ha guardado hermético silencio ante las nuevas informaciones sobre su aprovechamiento del poder público en beneficio particular de él y su familia. Silencio que se puede entender como arrogancia y desprecio a la opinión pública, o porque lo que se ha informado es todo cierto y no tiene nada que objetar.
En este sentido es recurrente o crónica la situación del presidente de facto del poder electoral. Salvo el mismo presidente inconstitucional Daniel Ortega, no hay otro funcionario público de alto nivel que haya sido mencionado tan a menudo en situaciones de esta clase, como el señor Rivas Reyes. A lo que se agregan las denuncias de la oposición y la sociedad civil de los grandes fraudes electorales perpetrados a favor del FSLN y de Daniel Ortega. Tan graves han sido los fraudes denunciados, que en la oposición se dice que se podría aceptar la reelección de cualquiera de los demás magistrados de facto del poder electoral del Estado, pero no la de Roberto Rivas.
El último escándalo en el que aparece involucrado el presidente de facto del CSE, ha sido la información publicada por LA PRENSA en estos días sobre las cuantiosas rebajas aduaneras con las que fue favorecida la familia del señor Rivas Reyes, en el 2009, por la introducción de 14 vehículos de lujo. Según la investigación periodística de este Diario, los familiares del titular de facto del poder electoral fueron favorecidos con una sustanciosa rebaja de más de cinco millones de córdobas en impuestos de importación, por parte de la Dirección General de Aduanas, la cual por otra parte es implacable con los ciudadanos comunes y corrientes y suele actuar como instrumento represivo contra empresas, empresarios y personas a quienes el régimen autoritario de Daniel Ortega decide castigar por cualquier motivo.
Como es de rigor profesional y ético, el periodista investigador de LA PRENSA, Moisés Martínez, quien ha indagado sobre este y otros casos escandalosos relacionados con la asombrosa fortuna del presidente de facto del CSE, antes de que se publicara la información trató de obtener la versión oficial de las autoridades aduaneras y del mismo presidente de facto del órgano electoral del Estado, así como de su vocero oficial de prensa. Y lo ha seguido intentando después de las publicaciones, pero el esfuerzo ha sido infructuoso porque la información es negada de manera tajante.
Ante esta situación cabe preguntarse si será solo por arrogancia, que la Dirección de Aduanas y el presidente de facto del poder electoral ocultan la información debida sobre este asunto, que es de legítimo interés público. ¿O es que se está aceptando tácitamente que es completamente cierto todo lo que se ha informado al respecto y por pura prepotencia no les importa que se divulgue?
La verdad es que si fuese incorrecta la información sobre este escandaloso caso que ha publicado LA PRENSA, podrían aclararlo con solo responder las preguntas de los periodistas y demostrar que los impuestos de importación de esos vehículos de lujo fueron pagados y cobrados, de acuerdo con lo que manda la ley. Pero el que calla otorga, dice el antiguo y sabio refrán popular de origen anónimo, cuyo significado es que quien no objeta y guarda silencio da por cierto lo que sobre él se ha dicho.
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