Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La Ley N° 9095 Contra la Trata de Personas, que incluye nuevas herramientas y financiamiento real para el combate de este flagelo, rige a partir de hoy viernes tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Esta legislación, promovida desde hace varios años por la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instancias, crea nuevos delitos y aumenta las penas en otros, lo que constituye un gran avance en la lucha contra la ilegal actividad, según una fuente oficial.
Costa Rica es un país receptor, de tránsito y de origen de víctimas de este delito que, según las autoridades, afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo. Se trata del segundo ilícito más lucrativo a nivel mundial, solo superado por el narcotráfico.
El director interino de Migración y Extranjería, Freddy Montero Mora, destacó la importancia de esta legislación y recordó que crea un fondo permanente que garantiza recursos para la prevención y la atención de víctimas.
“Se trata de un dólar adicional que se cobrará por concepto de impuesto de salida del país (pasará de $28 a $29), lo que permitirá a las autoridades nacionales contar con de entre $1.5 millones a $2 millones anualmente”, indicó Montero.
“Esto es un proceso, por eso cuando se estableció la ley se creó el fondo nacional de prevención de la trata, que este va ser alimentado por un dólar de impuesto de salida que se estaría cobrando en los puestos de salida en los aeropuertos, a partir de eso nos va poder a dar a nosotros los recursos frescos para poder crear acciones preventiva, informativa y también de atención a las víctimas”, añadió.
Hasta el año anterior, se habían atendido a 93 personas víctimas de trata en Costa Rica, quienes estaban expuestas a peligrosas organizaciones del crimen organizado internacional.
Entre las novedades, la ley destaca la creación del delito de Tráfico Ilícito de Órganos, Tejidos y/o Fluidos Humanos, el cual será sancionado con penas que van de ocho a 16 años de prisión a quien “posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos y/o fluidos humanos.”
Establece sanciones para el delito de Turismo Sexual, el cual es ahora condenado con penas de cuatro a ocho años de prisión a “quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas”.
También fija, por primera vez, penas de prisión (de tres años a cinco años) contra propietarios, arrendadores, administradores o poseedores de establecimientos donde se destine o se beneficie de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes o sus actividades conexas.
Además fija de ocho a dieciséis años, quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.
