Vladimir Vásquez
Las vueltas que tienen que dar los extrabajadores del Estado para exigir sus derechos laborales, no terminan nunca.
El pago de una liquidación lo convierten en un proceso de muchos años. Uno de los casos más recientes es el de Joaquín Ruíz, quien era trabajador de la Intendencia de la Propiedad y fue obligado a renunciar en el año 2007.
Ruiz cuenta que el cálculo de la liquidación que le realizaron en aquel entonces no era el correcto y por ello decidió interponer una denuncia en el Ministerio del Trabajo donde fallaron a su favor. Sin embargo, los demandados apelaron a ese fallo, lo que llevó a otro proceso en el Tribunal de Apelaciones que nuevamente confirmó la sentencia.
Ahora Ruiz se enfrenta a la incertidumbre. En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le dan respuesta por el pago de su liquidación. Y a pesar que ha solicitado por medio de cinco cartas una reunión con el titular de esa institución, Iván Acosta, no logra una respuesta positiva.
“Yo se que ahí tienen mi cheque, pero no me explico por qué no me lo quieren dar”, lamenta el extrabajador de 62 años.
Miles de casos
El último informe que realizó la secretaría de la Federación de Trabajadores del Servicio Público, a septiembre del 2012 contabilizaban unos 24,300 empleados públicos despedidos desde el año 2007. La deuda que el Estado acumuló por esto era de más de 700 millones de córdobas, según su secretario Álvaro Leiva, quien considera que esta cantidad de personas que expulsan del Estado sin el pago de sus prestaciones está incrementando cada año.
Los anteriores estudios demuestran que las instituciones que más despidos realizan son Ministerio de Salud, Educación, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados y DGI.
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