Elízabeth Romero
Unos 300 pobladores de Santo Domingo han huido hacia las montañas y alrededores de esa localidad ante el temor de ser capturados por la Policía, tras la intervención de las fuerzas públicas el pasado fin de semana.
El defensor de derechos humanos recordó que el mismo presidente inconstitucional Daniel Ortega, se había comprometido anteriormente a no reprimir más protestas sociales, pero lo siguen haciendo.
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Según la denuncia efectuada ayer por familiares de los detenidos en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se trata de “detenciones selectivas”, dijo el director jurídico de ese organismo, Gonzalo Carrión. El defensor de derechos humanos señaló que la Policía no escatimó esfuerzos en la movili
zación de las tropas antimotines a favor de la transnacional que negocia con el oro.
El vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, no explicó por qué trasladaron a los detenidos de Chontales a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Ayer por la tarde una marcha de pobladores recorría las calles de Santo Domingo, mientras un grupo de familiares de los 11 detenidos recurrió ante el Cenidh.
El grupo presidido por el alcalde, Nelson Álvarez criticó que no había necesidad del uso desproporcionado de la fuerza. Recordó que la guerra civil registrada en la década de los ochenta fue “por no dialogar”. Actualmente los que andan huyendo “es porque han sido amenazados con cárcel hasta por 15 años”, dijo Álvarez.
Por su parte el secretario del Concejo Municipal y minero, Mauricio Martínez, expresó que en ese municipio “hay una situación de caos y amedrentamiento” por parte de la Policía a favor de la transnacional B2Gold, cuyos empleados ayer ingresaron a esa localidad con protección de los antimotines.
Una nota de prensa de esa empresa el pasado fin de semana indicó que los tranques colocados en esa zona paralizaron la ejecución de al menos ocho proyectos sociales.
Los familiares de los detenidos alegan que no los encontraron en los tranques. Entre ellos está Boanerge Luna, presidente del Movimiento Salvemos Santo Domingo, que según su cónyuge Sherly Silva Mayorga, fue trasladado a las celdas de la DAJ pese a que no lo encontraron en ningún tranque, no tiene antecedentes y es muy apreciado en la localidad, por lo que se mostró extrañada del arresto.
Los pobladores exigen, a partir del incidente violento, que se forme una comisión para solucionar el problema.
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