Moisés Martínez
El grupo cívico Ética y Transparencia emplazó por medio de su director ejecutivo Roberto Courtney, al presidente inconstitucional Daniel Ortega y al sector privado, que se pronuncien en sus respectivos ámbitos sobre lo que denominó “claras evasiones fiscales” del presidente de facto del poder electoral, Roberto Rivas Reyes.
Una investigación publicada por LA PRENSA documentó que familiares del magistrado Rivas Reyes recibieron una rebaja de al menos 5.1 millones de córdobas en impuestos aduaneros por la importación de 14 vehículos de lujo en 2009.
Durante la conferencia de prensa convocada ayer por Ética y Transparencia para hacer este llamado, varios periodistas presentes observaron a un funcionario del Consejo Supremo Electoral (CSE) que llegó a escuchar y tomar nota de las declaraciones de Courtney, para luego salir apresuradamente.
“Instamos y exigimos al presidente Daniel Ortega pronunciarse, en cumplimiento de la ley, en el caso de defraudación aduanera y desigualdad ante la ley en el que está involucrado el magistrado presidente del poder electoral”, señaló primeramente Courtney.
COURTNEY: “QUE SE APLIQUE LA LEY”
“Hacemos un llamado a los ciudadanos, sandinistas y no sandinistas, a la ciudadanía en general, a que exija a este Gobierno a que se aplique la ley, que no siga permitiendo que estos funcionarios públicos sigan robándonos de una forma tan clara, a la luz del día, y en complicidad con el ejecutivo”, añadió.
Desde que iniciaron las investigaciones de LA PRENSA, ni la Dirección General de Aduanas, ni el CSE se han pronunciado sobre las evidencias publicadas por este Diario. Incluso, de acuerdo con las mismas fuentes de Aduanas que apoyaron en esta investigación, el caso de los vehículos de Roberto Rivas fue reportado al mismo presidente Ortega, pero no hubo una respuesta ante las anomalías denunciadas.
“No es posible vivir bien, bonito y barato, sin que se persiga el delito de evasión fiscal y no se castigue a los funcionarios públicos que le están robando medicina y educación al pueblo nicaragüense al no pagar sus impuestos a como es debido, ya que esta es la forma en que se podría aliviar la pobreza generalizada que asuela a este país”, añadió el director ejecutivo de Ética y Transparencia, aludiendo a la nueva estrategia nacional denominada “Vivir limpio, vivir sano, vivir bonito y vivir bien” que impulsa la primera dama Rosario Murillo.
Los vehículos fueron introducidos por Ileana Patricia Delgado, esposa del magistrado electoral; Indira María Rivas Delgado, Roberto Miguel Rivas Delgado y Stephanie Josephine Rivas Delgado, hijos del matrimonio.
LLAMADO AL SECTOR PRIVADO
Courtney también llamó al sector privado a pronunciarse sobre el caso, dado que este es un ejemplo de la falta de igualdad de condiciones para competir en el mercado.
“Esto representa un caso de competencia desleal y privilegios fiscales para un funcionario público que va en detrimento de todas aquellas empresas que pagan correctamente todos sus impuestos. Estos vehículos al ser traídos con estas evasiones, pueden ser revendidos a precios más favorables que aquellos que entran pagando los impuestos correspondientes”, señaló Courtney.
Felicitó a los miembros de organizaciones civiles y el grupo de abogados democráticos que la semana pasada interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA) por la discrecionalidad mostrada con el magistrado electoral de facto.
“Quisiéramos que fuesen más ciudadanos que denunciaran, pero esos pocos, representan a los millones de nicaragüenses que exigimos que se acabe con la tolerancia a la corrupción”, finalizó el titular del organismo cívico.
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