Elízabeth Romero, Lucía Navas y Ramón Potosme
La Contraloría General de la República (CGR) notificó al director de Servicios Aduaneros, Eddy Medrano, sobre la denuncia en su contra por favorecer con rebajas de impuesto por introducción de vehículos en 2009 a familiares del magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes.
Al tiempo que estableció 15 días para que Medrano presente la información requerida.
De esto fue notificado el abogado Gustavo García, en representación de los abogados democráticos que introdujeron la denuncia el pasado 7 de febrero, ante la Dirección de Denuncias de la CGR.
García dijo que esperan que la CGR le abra un instructivo administrativo al director de Aduana para que este explique cuál es el mecanismo legal con que fue exonerada con más de cinco millones de córdobas la familia de Rivas.
ABOGADO RESALTA DENUNCIA
Así como “cuál fue el tráfico de influencias que tuvo este ciudadano que se le ha tildado de enriquecerse ilícitamente y este es uno de los medios por el cual se ha enriquecido. Recordemos que a este señor se le ha señalado que tuvo un autolote y el magistrado (Julio César) Osuna era el que se lo administraba”, sostuvo García.
El abogado pidió a las autoridades profundizar en toda esta situación, pues la calificó de “muy peligrosa que pueden comprometer al Estado de Nicaragua”. Y estimó que Rivas debería aparecer como el primero en ser investigado.
El pasado 7 de febrero la agrupación de Ciudadanos y Abogados Democráticos presentó una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR) en contra de las autoridades de la Dirección de Servicios Aduaneros por las irregularidades que se dieron en febrero del 2009, cuando los familiares de Rivas Reyes introdujeron 14 vehículos de lujo sin pagar los impuestos de importación en correspondencia al valor comercial de los automotores.
Considera Lacayo que es hora de sentar bases de orden y limpieza con la corrupción si es que se quiere “vivir bien y bonito”.
“Siempre nos hemos manifestado en el sentido que se tiene que investigar, no solo esta sino otras denuncias. Más que ha estado ligadas a magistrados ligados a la narcoactividad. Es importante por la imagen del país”, dijo Lacayo.
Mientras el diputado Carlos Langrand considera que el Estado es responsable por acción u omisión ante actos de corrupción y los funcionarios están obligados a ofrecer transparencia.
En ese sentido pidió que la Dirección General de Aduanas se pronuncie porque ya hay una denuncia pública y no puede alegar ignorancia de los hechos.
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La denuncia se basó en las publicaciones que realizó LA PRENSA la semana pasada a través de las cuales reveló que tanto a la esposa como a tres hijos del magistrado de facto les hicieron una reducción de hasta un poco más de cinco millones de córdobas en la introducción de los 14 vehículos, cuyo valor total de acuerdo con su precio de mercado era de 418 mil dólares en el 2009.
CENIDH SE PRONUNCIA
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se pronunció en contra de este tipo de beneficios a funcionarios como Roberto Rivas.
El director de ese organismo, Mauro Ampié, manifestó que si en el país se pusiera en primer plano el interés estatal las autoridades deberían haber abierto ya una investigación. Ampié expresó que esta situación es una muestra de la desigualdad existente en el país en la aplicación de las leyes.
Además, el director del Cenidh refirió que estas denuncias públicas deberían servir a los legisladores como criterios a tomar en cuenta al momento de elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), como en este caso el de Roberto Rivas, a quien se le ha señalado diferentes anomalías de forma reiterada.
COSEP: QUE DGA ACLARE Y SI RIVAS DEBE PAGAR QUE PAGUE
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) respalda que la DGA aclare el proceso en que autorizó la importación de 14 vehículos a la familia de Rivas Reyes y la exoneración que le hizo a esos automotores.
Para el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, las leyes fiscales y aduaneras en Nicaragua deben ser cumplidas y aplicadas en igualdad de condiciones, tanto a empresarios como a funcionarios públicos.
“Todos tenemos una obligación que cumplir (con la Ley)”, afirmó Aguerri , para quien eso implica que si en este caso (de los Rivas Reyes) se demuestra que las exoneraciones de impuestos no caben conforme Ley “pues obviamente hay que buscar que se pague lo que corresponde”.
La Ley Tributaria no otorga en ninguno de sus artículos exoneración o exención fiscal a particulares, ya que este beneficio fiscal lo establece el Estado nicaragüense exclusivamente a empresas y a los bienes vinculados con los procesos de producción de alimentos o artículos.
LEY TRIBUTARIA NO BENEFICIA A LOS RIVAS, AFIRMA ESPECIALISTA
“Los incentivos fiscales, como son las exoneraciones y exenciones, son dirigidos al sector productivo del país, a los inversionistas extranjeros con el fin de atraerles y así generar empleos, aumentar la productividad y con ello el crecimiento económico. Son meramente de interés nacional que busca un beneficio nacional, no son regalos a particulares”, afirmó un especialista tributario que prefiere no ser identificado para evitar las represalias del Gobierno.
“Las exoneraciones no son a título personal, recordá que ahora la nueva Ley de Concertación Tributaria exonera el producto que está debidamente vinculado a una actividad económica, como la agroindustria”, explicó la fuente.
Pone en perspectiva que si fuese el caso de que la Ley Electoral otorga a los magistrados el derecho a importar con exoneración un vehículo para su uso particular, hay el límite de que es para ejercer su labor como funcionario público y por tanto la exoneración es para no cargarle al Estado impuestos.
En esta situación también hay límites porque los funcionarios públicos de alto rango, como los diputados y magistrados, solo tienen derecho a exonerar una cantidad limitad de vehículos.
Pero conforme los documentos en poder de este Diario, los 14 vehículos de lujo fueron introducidos a nombre de Indira María Rivas Delgado e Ileana Patricia Delgado Lacayo, hija y esposa de Roberto Rivas Reyes, respectivamente. Al menos que ambas tengan vínculo como funcionarias públicas y de alto cargo no pueden gozar de exoneraciones para importaciones, menos para autos de lujo, afirmó la fuente.
Entre los aspectos que el director de la DGA debe aclarar está bajo qué figura legal exoneró los 5.1 millones de córdobas a la esposa e hija de Rivas Reyes por la introducción al país de los vehículos. Además por qué les aceptó de inmediato el valor que presentaron y no se sometió el proceso de Revisión de Valor que es lo común en este caso y es lo que permite detectar a la Aduana que no se está intentando evadir el pago de impuestos.
Los funcionarios aduaneros cuentan con registros de valor de las mercancías que son introducidas al país que les permite verificar si la factura de valor —en este caso de vehículos de lujo— se ajusta o si el costo que le presenta el importador está bajo y así al hacer el cruce de información pueden determinar si hay evasión de impuestos, explicó el especialista tributario.
