Elízabeth Romero
Según refieren los denunciantes en este caso “los hechos son evidentes, a tal punto que en su casa de habitación le encontraron un maletín repleto de dinero, lo que nos indica posible enriquecimiento ilícito”.
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La agrupación denominada Ciudadanos y Abogados Democráticos dirigió una comunicación escrita al procurador general de la República, Hernán Estrada, para que como abogado del Estado investigue los hechos denunciados por ellos en la Contraloría General de la República (CGR), en contra del director de Servicios Aduaneros, Eddy Medrano, por beneficiar a familiares del magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes.
El abogado Lulio Marenco, uno de los firmantes del escrito, expresó que consideran que en este caso no solo hay defraudación aduanera sino también tráfico de influencias.
Es por ello que refieren en el escrito los denunciantes, que el director de Aduana al favorecer con rebaja de impuestos por la introducción de 14 vehículos en el 2009 a la esposa e hijos del magistrado de facto ocasionó “graves perjuicios” al pueblo, al dejar de percibir esos impuestos el Estado de Nicaragua.
Le mencionan a Estrada que la conducta tanto del director de Aduana como de los familiares de Rivas Reyes representan actos de corrupción regulados por la legislación penal vigente, que tipifica esa conducta como defraudación aduanera, cohecho y otros.
“Pedimos a usted como representante de los intereses del Estado de Nicaragua proceda de inmediato a realizar las investigaciones de los casos denunciados anteriormente”, sostienen en la carta.
El pasado 12 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) remitió correspondencia a esa agrupación para informarle que notificó a Medrano sobre la denuncia recepcionada en su contra y que fue codificada bajo el número 05-SPIRE-V-01-07-02-13.
La CGR ya pidió a Medrano que envíe “un informe debidamente documentado sobre los hechos denunciados en un término no mayor de 15 días hábiles, a partir del recibo de la presente comunicación”.
La denuncia de estos ciudadanos está basada en las publicaciones que realizó LA PRENSA la semana pasada, a través de las cuales reveló que tanto a la esposa como a tres hijos del magistrado de facto les hicieron una reducción de hasta un poco más de cinco millones de córdobas.
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