Ramón H. Potosme y Elizabeth Romero
La Policía Nacional no se pronuncia, pero los familiares de 12 detenidos en las protestas de los mineros en el municipio de Santo Domingo, Chontales, denuncian que los arrestados fueron sacados de su localidad y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, donde los han aislado y no les permiten llevar alimentos.
Entre los arrestados están dos activistas del Movimiento Social y Ambiental Salvemos Santo Domingo y según la Asesora Maria Luisa Rojas, también fue arrestada una persona ajena al conflicto que pasaba por el sitio con un ganado.
En la oficina de comunicación de B2Gold informaron que ellos presentaron un estudio de impacto ambiental con reconocidos consultores y que ya desarrollan un proyecto de agua potable.
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Rojas considera que lo actuado contra sus defendidos es una violación a los Derechos Humanos, por lo que pidió sean liberados. Consideró que el estado de aislamiento es inexplicable porque pareciera como si se tratara de reos peligrosos.
LA PRENSA llamó varias veces al vocero de la Policía Nacional, comisionado Fernando Borge, pero no respondió las llamadas. Lo único que ha dicho sobre el tema es que los detenidos fueron trasladados a la DAJ porque ahí hay mejores condiciones.
CUESTIONAN A JUEZ
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cuestionó que la juez de Distrito Penal de Audiencias de Juigalpa, Raquel Montiel, haya dado pase a la acusación presentada por la Fiscalía en contra de 37 personas y mineros de Santo Domingo de Chontales, pese a que la misma no fue individualizada, como establece el Código Procesal Penal (CPP).
La judicial no solo dio pase a la acusación contra los 37 santodomingueños sino que programó audiencia inicial para mañana miércoles.
En la relación de hechos que hace la Fiscalía en la acusación responsabiliza a todos por igual al indicar que desde el 17 de septiembre hasta el 9 de febrero “un grupo de mineros de aproximadamente 200 personas que se autodenominan grupo El Cafetal” y lideradas por los 37 acusados supuestamente realizaron un tranque a dos kilómetros del casco urbano de Santo Domingo, obstaculizando la libre circulación, “con propósito de causar zozobra e incertidumbre a la población”, del lugar y daños económicos a la empresa minera Desminic SA, al quemarle una perforadora valorada en 300 mil dólares.
Igual acusan a varios de los acusados de impedir que cuatro de los trabajadores ingresaran el pasado 24 de enero a las instalaciones de la empresa minera.
NO ESPECIFICAN DELITO
También los acusan de presentar resistencia junto a 200 pobladores al ingreso de la brigada antimotines cuando el pasado 9 de febrero intentó restablecer el orden, lo que según la Fiscalía provocó que una treintena de policías resultaran lesionados.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, cuestiona que en la acusación no se especifica en qué delito incurrió cada uno de los acusados como demanda el CPP, que debe establecerse.
Además que existen otros casos en otras partes del país donde la Fiscalía no ha acusado a los sospechosos alegando el principio de objetividad como el caso de violación a una menor por parte del pelotero Jimy González, en Granada, así como por la muerte de Dina Carrión, en Managua.
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