Difícilmente podemos vivir bien y bonito en Nicaragua mientras prevalezca una cultura política autoritaria, lo que de alguna manera explica la facilidad con que algunas personas logran erigirse en seres providenciales. Cualquier intento de instaurar un Estado de Derecho ha tenido como consecuencia el colapso del mismo; expresado en la falta de independencia de los poderes del Estado; pero más crítico aún, es que los ciudadanos no se reconozcan como sujetos de derechos, lo que explica, en parte, la pasividad y la indiferencia de un buen sector de la población nicaragüense.
La reelección, el continuismo, la ilegalidad y el prolongado ejercicio de quien está en el poder y sus allegados, en beneficio de sus intereses y no de la nación; la arbitrariedad y la corrupción administrativa y judicial, la dificultad de elegir y ser electo y la represión como prácticas instituidas impiden que los nicaragüenses podamos vivir bien y bonito.
Un gobernante respetuoso del mandato para el cual fue electo está obligado a buscar el bienestar general de todos mediante el mejor aprovechamiento de los recursos, afrontando los problemas con normas de equidad que concilien los diversos intereses. Quien gobierna no puede estar por encima de las leyes, debe sujetarse a los mandatos de la Constitución, tampoco puede disponer de los recursos nacionales y de la cooperación internacional a su antojo. Las actitudes caudillescas en la que se atropellan nuestros derechos y se dan migajas, según el capricho de quien gobierna, violenta nuestra condición de personas libres y vulnera la posibilidad de vivir bonito.
La cooperación venezolana ha sido apropiada por una familia en perjuicio de los programas sociales y económicos para superar el subdesarrollo y la pobreza estructural. Por falta de institucionalidad quien gobierna reparte este dinero, que luego deberá pagarse en base al clientelismo y no a las prioridades del país. Los 112 millones entregados a los bachilleres para su graduación es la cantidad que se necesita para la impresión de los textos escolares de los estudiantes de secundaria para mejorar su calidad. Esta malversación de fondos si bien tiene resultados inmediatos para quienes lo reciben, tiene efectos desastrosos en las pruebas universitarias, menos de un seis por ciento logró pasar el examen, ahí se pierden los sueños de alcanzar una mejor formación que rompa el círculo de la pobreza. Lo mismo se puede decir del bono, dizque solidario, a trabajadores del Estado, no puede verse como una dádiva de quien gobierna, es un derecho ganado.
Por la falta de institucionalidad se perdieron 100 millones de dólares anuales entregados por las fuentes tradicionales internacionales de cooperación para el Presupuesto Nacional, hoy vienen en carácter de préstamo, lo que significa más endeudamiento. Este Gobierno ha obstruido la cooperación internacional dirigida a la sociedad civil, afectando los proyectos sociales en beneficio de la niñez, la mujer, los indígenas y de sectores más vulnerables, así como programas orientados al mejoramiento de la gobernabilidad, la transparencia y los derechos humanos. Eso nos impide vivir bonito.
Si queremos vivir bien y bonito se hace necesario un contrato social en el que se respete el marco jurídico. Se debe restablecer el Estado Social de Derecho, la división e independencia de los poderes y las autonomías municipales. Los pesos y contrapesos son necesarios para que los ciudadanos no seamos sometidos a las arbitrariedades de quien se arroga un poder omnímodo. Urge que se nombren los cargos ya vencidos de los poderes del Estado, en base a méritos profesionales, idoneidad e imparcialidad. Quienes gobiernan deben apegarse al estricto cumplimiento de las normas jurídicas en beneficio de la ciudadanía y de la democracia.
Sin embargo, no solo basta fortalecer el sistema jurídico, se necesita pasar de una cultura política autoritaria a una cultura política democrática. Para lo cual se requiere construir ciudadanía y desarrollar la conciencia de que somos sujetos de derecho. Los funcionarios escogidos por elección popular deben ser representativos y deben estar al servicio de la población y no de un partido político que dispone el Estado y las leyes en función de sus intereses hegemónicos. Los ciudadanos deben ejercer plenamente sus derechos de elegir y ser electos, de exigir rendición de cuentas del uso eficiente de los recursos, de utilizar los diferentes espacios de participación ciudadana para opinar y ser tomados en cuenta, de realizar auditorías sociales. Los funcionarios que no cumplan con la ley o cometan actos de corrupción deben ser removidos de sus cargos y/o juzgarlos para que paguen por sus delitos. El autor es sociólogo
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
