José Velázquez-Escobar
En lo que representa un justo y agradecido reconocimiento a sus más de tres millones de expatriados residiendo principalmente en los Estados Unidos y que remiten anualmente casi cuatro mil millones de dólares (aproximadamente el 15 por ciento del PIB), El Salvador finalmente aprobó la ley que les permitirá votar —inicialmente desde los Estados Unidos y Canadá— en las elecciones presidenciales del 2014. En una rara demostración de coexistencia política las dos fuerzas predominantes, el FMLN y Arena, aprobaron este año la ley con 82 de los 84 votos.
Con la entrada de El Salvador a la honrosa lista de países iberoamericanos que reconocen el formidable aporte de estas comunidades, solo cuatro naciones —Nicaragua, Guatemala, Chile y Uruguay— continúan empecinadamente negando ese derecho a un sector importante para el bienestar económico de la nación. De acuerdo con el BID estos reciben más de seis mil millones de dólares anuales en remesas, de los cuales aproximadamente cuatro mil millones son enviados a Guatemala, poco más de mil millones a Nicaragua, casi mil millones a Chile y ciento cincuenta millones a Uruguay.
Muchas de las insólitas excusas gubernamentales para bloquear las demandas de estas comunidades han sido de índole económica, aduciendo que implementar dicho voto implica un costo difícil de cubrir dentro de las crónicas limitaciones presupuestarias. Alegan también que las raquíticas cantidades de votantes experimentadas en algunos casos —México es un ejemplo— no justifica el gasto, aunque este país sea la excepción, no la regla. Si bien es cierto que ambos argumentos pueden ser convincentes para algunos, de ninguna manera justifican la negación de un derecho ciudadano tan fundamental como es el de participar en la selección de autoridades que regirán los destinos de su tierra natal.
Es un secreto a voces que estas actitudes solo se explican por intereses políticos y una mal entendida y temida competencia por parte de la clase política, empresarial y sindical. En el caso de Nicaragua, todos los gobiernos (con la excepción de la administración Bolaños) han ignorado e inclusive impedido todo avance en la implementación de este derecho. Principalmente en las administraciones de Alemán y de Ortega, ambos conocedores y temerosos de que el voto en el exterior, independiente y no prestos a someterse a la desmoralización política prevaleciente en Nicaragua, resultarían contrarios y fatales para sus ambiciones de permanencia indefinida en el poder. En esencia, imposibilitándoles de involucrarse directamente en el manejo del quehacer político, social y económico del país y convirtiéndolos así en ciudadanos de segunda categoría.
Llama la atención que en esta deshonrosa lista aparezcan países como Chile y Uruguay, ambos mundialmente reconocidos por su destacado desarrollo democrático, cultural y económico. En este último no solo el Gobierno sino la población en general, quizás por un temor similar al que se percibe en Nicaragua, rechazaron por medio de un referéndum la participación de sus comunidades en el exterior. En el caso de Chile, a pesar de haber sido una promesa de campaña del presidente Piñera, hasta la fecha no ha logrado ningún significativo progreso hacia el cumplimiento de dicha promesa.
Entre todos los países que permiten ese voto se destacan Colombia y República Dominicana, en donde a la comunidad en el exterior se le ha permitido inclusive elegir a sus propios representantes legislativos y de tener un intermediario a nivel ministerial. Conscientes y no malagradecidos de la enorme contribución que esas comunidades representan en forma de remesas, consumo de productos nacionales, turismo e inversiones, sus dirigentes comprendieron que no hacerlo era una torpeza política y una pérdida de oportunidades económicas imposible de ignorar. El autor fue Cónsul de Nicaragua en Miami.