Martha Vásquez y Elízabeth Romero
Es por ello que a la CPDH no le queda más que acompañar a los familiares de los reos beneficiados con las órdenes de libertad y acusar a los jefes de los penales por desobediencia de autoridad, asegura el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas.
En su mayoría los reos que han obtenido su libertad están vinculados a casos de crimen organizado y narcotráfico.
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El juez suplente Local de Tipitapa, Carlos José Mairena, giró orden de captura contra María del Carmen Salgado Herrera, directora del Sistema Penitenciario de Tipitapa, después de declararla rebelde porque no asistió a audiencia, donde se le acusa de detención ilegal y ocultamiento de detenido.
Por estos mismos cargos también es señalado el alcaide Evenor Centeno Aguilera, jefe del penal de Cuisalá, Chontales.
Las acusaciones contra ambos funcionarios se debe al desacato de una orden de libertad emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor de Yubram Yusseff Salam Mesle, explicó la abogada Zobeida Manzanares Medal, defensora del reo y quien promovió la acción penal contra las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.
“Mi posición no es confrontativa. Lo que pido es que se respeten las leyes, porque nadie puede estar sobre estas. La Constitución dice que las sentencias son de ineludible cumplimiento y mi representado tiene una sentencia del supremo tribunal a su favor”, dijo Manzanares.
La orden de libertad a favor de Salam fue emitida el 10 de septiembre del año pasado pero aún sigue preso, denunció su mamá Mahnoba Meslih.
Los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) el año pasado ordenaron multar con el 25 por ciento de su salario a los dos funcionarios, aunque se desconoce su cumplimiento.
MÁS ÓRDENES DE CAPTURA
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, aseguró por su parte que el Juzgado Primero Local Penal de Managua emitió orden de captura en contra del jefe de la Modelo, Walter Mena, por no dejar en libertad al preso José Roberto Mendoza, y un juzgado de Juigalpa lo hizo en contra del alcaide Evenor Centeno, por el caso de Franklin Obando.
El delito por el cual han sido acusados los jefes de las penitenciarías es por desobediencia de autoridad.
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