Esto porque obstruyen la libertad de la persona que entre los derechos humanos constituyen el segundo derecho en importancia después del derecho a la vida, indicó Pallais. “Esto demuestra que en el país ya no hay garantías constitucionales para el derecho a la libertad e institucionalmente las autoridades penitenciarias que están bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación tienen detenido a una serie de personas en contra de lo establecido por la Constitución”, dijo Pallais, lo cual, a su criterio, demuestra que “aquí el Estado de Derecho ya no tiene ningún valor”.
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Martha Vásquez y Elizabeth Romero
El magistrado Rafael Ángel Avellán, de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, expresó que las autoridades del Sistema penitenciario no cumplen con las órdenes de libertad porque “aparentemente operan a través de Gobernación como otra instancia”.
“Esto no puede ser, porque ellos son administrativos y deben obedecer las órdenes judiciales”, estimó el magistrado.
Según Avellán, ahora hacen acompañar la sentencia donde ordenan la libertad del reo con un auto suplicatorio, según la Ley de Amparo, y se envía a la Corte Suprema de Justicia para que esta se coordine directamente con Gobernación y solucione el problema.
De acuerdo con el funcionario judicial, las razones que dan las autoridades del Sistema para no cumplir con las órdenes de libertad es que están en revisión en el Ministerio de Gobernación esperando que resuelvan, es decir “operan como una nueva instancia al margen del poder judicial”.
En el 2012 la Sala Penal de Avellán giró cinco órdenes de libertad y aún no se han cumplido. En lo que va del año han dictado tres órdenes de libertad que han corrido con la misma suerte. El motivo de la libertad, en la mayoría de los casos, es el cumplimiento de pena del procesado.
REOS DEMANDAN DERECHOS
El magistrado Néstor Castillo, presidente del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa- Chontales, aseguró que en esa zona no hay incumplimiento de órdenes de libertad, sino lo que existe es inconformidad de los reos, a quienes les impiden abonar doble día a su pena por días trabajados. “Los reos por violación, narcotráfico, violencia de género, quieren que se les reconozca el trabajo, pero la ley lo prohíbe y no se puede estar exigiendo lo que no está en la ley”, dijo Castillo.
Entre las denuncias de casos similares ante organismos como la ANPDH, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, suman más de 18 casos similares.
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