Martha Vásquez
Ramos dijo que si se han invertido recursos financieros desde la aprobación de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, aunque no es suficiente, pero aún así se seguirá trabajando. El Instituto de Medicina Legal ha creado clínicas para la atención integral de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
Se han creado tres juzgados especializados en violencia en Managua, Masaya, León, y poco a poco se abrirá en cada departamento del país.
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Existen al menos cinco recursos contra la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, supuestamente por contravenir a la Constitución Política de Nicaragua, confirmó ayer la magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante una actividad en saludo al Día Internacional de la Mujer.
Esta ley fue aprobada en enero del 2012 y entró en vigencia el 22 de junio del mismo año. “La ley tiene muchos adversarios también aquí dentro del poder judicial, no solo fuera, y hay gente que ha recurrido por inconstitucionalidad de la ley y hay magistrados que se han pronunciado sin haber conocido a fondo la ley y sin haber leído a fondo esos recursos”, dijo Ramos.
La presidenta del poder judicial dijo que la ley está basada en la norma suprema, sobre todo en sus artículos 27 y 48 de la Constitución, que hablan sobre la igualdad ante la ley. “Quiero dejar claro que la ley es totalmente constitucional. Está basada en el artículo 48 de la Constitución que establece igualdad absoluta entre hombres y mujeres y está acorde con lo que establece la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual nuestro Estado es signatario”.
La funcionaria judicial expresó que la violencia y muerte de mujeres se incrementa en todo el mundo y Nicaragua no es la excepción, por eso el valor de la citada legislación que protege a las mujeres.
Como ejemplo indicó los datos del 2011, donde hubo 33,535 denuncias por violencia sexual e intrafamiliar, donde el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
Además señaló que de ese 92 por ciento el 84 por ciento eran mujeres menores de 18 años.
Del total de denuncias que hubo en 2011, solo el 15 por ciento ingresó mediante acusación a los juzgados, es decir que muchas quedaron en el camino.
Las demás denuncias fueron calificadas como falta, que es menor a un delito, por eso la Ley 779 viene a corregir esto, porque contiene nuevos delitos que podrán ser acusados, desde una amenaza de muerte hasta femicidio, explicó la jurista.
También aclaró que la ley en sí misma no logrará su objetivo, sino que se debe trabajar en su aplicación, con los operadores de justicia y seguir sensibilizando a la sociedad sobre el tema.
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