Mateo Guerrero
La Ley Fatca es el nuevo régimen fiscal que impone el Gobierno de los Estados Unidos de América a sus ciudadanos, o bien a aquellos con doble nacionalidad, que viven fuera de ese país, a declarar al Departamento del Tesoro y al Servicio de Rentas Internas (IRS), sus recursos financieros o cuentas bancarias en los países donde residan.
Esta obligación se cumplirá de forma indirecta; ya que más bien son los bancos, compañías de inversión y aseguradoras de países como el nuestro las que revelarán e informarán a esas entidades norteamericanas todo lo concerniente a los recursos o cuentas que manejan estos ciudadanos. Su nombre Fatca se deriva de las letras iniciales de Foreign Account Tax Compliance Act que en español quiere decir: “Acto de Cumplimiento Impositivo Fiscal de Cuentas Extranjeras”.
Esta ley se aprobó en Estados Unidos en el año 2010, con su respectivo Reglamento. Sin embargo, en términos generales es una ley de aplicación extraterritorial, que obliga impositivamente a ciudadanos estadounidenses que están viviendo fuera de la Unión Americana y que se aplica obviamente a aquellos nicaragüenses que también ostentan la nacionalidad estadounidense.
Ahora bien, para que esa ley se aplique con todo su efecto, en países como el nuestro por ejemplo, tendrá que haber una “voluntad política” del Estado nicaragüense y legislar en ese sentido. Asimismo, hay que recordar que nuestra legislación establece a la banca privada nacional un “sigilo bancario” como prohibición para revelar información de los saldos, préstamos e inversiones de sus cuentahabientes, y en ese sentido, tendrán que hacerse las modificaciones legales y circunstanciales necesarias para este tipo de ciudadanos, así como también, suscribir con las entidades financieras de Estados Unidos para aplicar el Fatca en nuestro país, que necesariamente tendrá que ver con la aprobación de una legislación respectiva y en la cual, instituciones como la Asamblea Nacional, la Súperintendencia de Bancos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otras, tendrá que intervenir.
Por otra parte, a la par de la Ley Fatca las autoridades fiscales norteamericanas están implementando el Programa de “Divulgación Voluntaria”, que permitirá a los ciudadanos estadounidenses y residentes que hayan omitido u ocultado en sus declaraciones de impuestos, datos, información o recursos al Servicio de Rentas Internas (IRS), legalizar su situación fiscal, (algo relativo a una amnistía fiscal) evitando de esta manera posteriores sanciones penales o persecuciones por delito de evasión fiscal. Dicho programa no es más que acogerse a una amnistía fiscal, para quienes se encuentren en la situación de no haber confesado sus faltas u omisiones tributarias.
Nicaragua, en pleno ejercicio de su soberanía, está en el derecho de no suscribir pacto de aplicación de Fatca con Estados Unidos, y no permitir que la banca privada nacional le revele al sistema tributario americano los detalles de las inversiones bancarias de sus ciudadanos en nuestro país. Sin embargo, como muchas leyes estadounidenses de aplicación extraterritorial, la no aplicación de Fatca, —porque así lo contempla la misma ley—, provocaría sanciones económicas de parte de Estados Unidos, que traerían consigo el no tener acceso a créditos de parte de organismos financieros internacionales como el FMI, BID y Banco Mundial, en los que, como bien se sabe, la nación del norte tiene una influencia importante. Esto está íntimamente relacionado con el hecho de que Nicaragua, año con año, recibe de las autoridades del Departamento de Estado la dispensa del “waiver”, que certifica que nuestro país es respetuoso del derecho de propiedad de los ciudadanos estadounidenses, y en ese sentido, la no aplicación de Fatca podría poner en riesgo dicha dispensa.
Debemos estar claros que no hay que ver esta ley desde el punto de vista de ventajas y desventajas, sino en hacer énfasis en su obligatoriedad como en toda ley, ya que a través de ella tendrán los bancos, compañías de inversión y aseguradoras, el deber de informar sobre sus activos.
No cabe duda que esta es una ley inquisidora y controladora, que le permitirá a Estados Unidos controlar los ingresos e inversiones de sus ciudadanos en el exterior, y que ayudará a evitar evasiones y fraudes fiscales, inclusive lavado de dinero o blanqueo de capital.
El autor es Consultor Jurídico.
