Moisés Martínez
Los miembros del grupo de Abogados Democráticos y organizaciones civiles aseguran que sin importar la decisión de la Contraloría General de la República, ellos interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público por el caso de los 14 vehículos de lujo que el magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, introdujo al país en el 2009.
Lulio Marenco, uno de los coordinadores de los Abogados Democráticos, dijo que la resolución de la CGR viene a reafirmar cómo el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha dispuesto todas las estructuras del Estado para defensa y protección del magistrado electoral de facto, pese a múltiples evidencias sobre su ostentoso estilo de vida
“La resolución de la Contraloría es una burla más a los nicaragüenses. Solo dicen que los hechos están desvanecidos, pero no dicen en base a qué y por qué. Solo un juez puede decir si los hechos están desvanecidos o no. Se están arrogando atribuciones que no le competen. Esta resolución no tiene ni un sustento legal. Solo nos mandan a decir en dos líneas que no hay méritos para seguir con el caso”, dijo Marenco.
“Es como que todas las instituciones del Estado se dan por satisfechas con el robo que se le está haciendo al mismo Estado. Es claro como que el Estado está consciente de todos los robos que ha hecho ese señor y aun así lo están apañando. Es increíble”, añadió.
El jueves pasado, la CGR decidió archivar la denuncia interpuesta por los Abogados Democráticos en contra de las autoridades de Aduanas referida a las rebajas hechas a familiares del magistrado Rivas Reyes cuando introdujeron los vehículos de lujo.
La denuncia se basó en una investigación periodística de LA PRENSA publicada en febrero.
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