Martha Vásquez
Las diferentes organizaciones de mujeres fueron convocadas por la Comisión Interinstitucional de Género, para abordar los obstáculos con que se ha encontrado la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Esta reunión fue aprovechada por la magistrada de facto Alba Luz Ramos, para informarles sobre los recursos por inconstitucionalidad que presentaron contra dicha ley en la Corte Suprema de Justicia.
“Llegó la magistrada y nos dijo que existen recursos por inconstitucionalidad de la ley, pero que se mantiene en la lucha porque la ley está basada en la Constitución”, dijo Damaris Martínez, responsable de acción política de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Hasta el momento existen cinco recursos interpuestos por abogados que rechazan la ley por considerar que violan el principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 27 de la Constitución. Hasta el momento las mujeres no han hecho oficial su posición sobre el tema.
CARRERA DE OBSTÁCULOS
Entre los principales tropiezos que ha tenido la ley para aplicarse está la falta de fiscales en zonas rurales, lo cual limita el ejercicio de la acción penal y el acceso a la justicia a las mujeres.
También está la falta de médicos forenses en la mayoría de los 153 municipios del país, ya que solo en 27 tiene presencia el Instituto de Medicina Legal (IML), lo que limita la presentación de la prueba en juicios.
Las mujeres califican este acercamiento con las instituciones estatales como positivo.
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