Martha Vásquez y Elizabeth Romero
Solano puso de ejemplo el caso en el que la juez Gertrudis Arias por razones humanitarias dejó en depósito de la casa a Marianelly Segura, excónyuge de Pedro Medina Amoretti, sin que la orden haya sido acatada por la Policía.
Solano dijo que el Cenidh envió desde hace un mes comunicación sobre el particular a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, y al inspector de la institución, comisionado general Juan Ramón Grádiz, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
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Pese a que los abogados defensores de los 27 procesados en Operación Sur Dos o Temis solicitaron al juez Julio César Arias que no mandara a juicio a los señalados, o que diera cinco días a la Fiscalía para mejorar las pruebas contra los acusados, el judicial resolvió abrir juicio y quedó programado para el próximo 6 de agosto.
Los ciudadanos oriundos de Rivas, Carazo y Managua están acusados de crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público están los testimonios de oficiales que participaron en la investigación contra los procesados, quienes supuestamente brindaban apoyo logístico a estructuras narcos que operan en el país, con transporte de droga en pangas, caballos y vehículos “caleteados (cargados)”.
El resto son pruebas documentales como recibos de ocupación, órdenes de captura, convalidación de allanamientos, entre otros.
PRUEBAS NO COMPRUEBAN DELITOS
Los abogados alegaron que esas pruebas presentadas no sustentan los delitos acusados, porque los bienes incautados son las casas o propiedades donde los acusados vivían con su familia, y no hay información financiera que demuestre el supuesto dinero lavado.
CHARANGA CON PROPIEDADES
Durante la audiencia el abogado Roberto Cruz solicitó al juez que entregara en depósito la casa ocupada al acusado Martín Sánchez, a su esposa Darlin Cundano, quien tiene un niño de siete meses y anda posando porque la Policía la sacó de su vivienda, pero el juez no dio lugar.
Al respecto Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que mientras un juez no haya determinado responsabilidad penal contra una persona, las autoridades no pueden aplicar sanciones anticipadas.
El Cenidh ha recibido denuncias de familiares de presos de las llamadas Operación Sur y Temis, conocidas como Operación Sur 2, que indican que “están decomisando propiedades”, pese a que muchas veces los bienes han sido recibidos en herencias. En otros hay casos de tierras que las adquirieron con títulos de reforma agraria, es decir no fueron adquiridas producto de ningún ilícito, pero los perjudican.
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