Piden Ley 779 en lenguas indígenas
Entre los principales obstáculos que enfrentan jueces de la Región Autónoma del Atlántico Norte del país, en la aplicación de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, está la falta de fiscales y la falta de divulgación de la ley en lenguas indígenas como miskito, mayangna y creole (inglés criollo).
Martha Vásquez
También recordó que en la ley no hay penas agravadas, sino que son las mismas establecidas en el Código Penal, incluso hasta más bajas como es el caso de las lesiones.
El magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, señalado de estar supuestamente contra la Ley 779, expresó que no se pondrá de un bando ni de otro y que se pronunciará a través de sentencia en su momento.
Abogados han interpuesto tres recursos contra la ley.
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Entre los principales obstáculos que enfrentan jueces de la Región Autónoma del Atlántico Norte del país, en la aplicación de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, está la falta de fiscales y la falta de divulgación de la ley en lenguas indígenas como miskito, mayangna y creole (inglés criollo).
“Las mujeres indígenas desconocen esta ley y no pueden ejercer sus derechos. Además hace falta un traductor en los juicios”, dijo Flor de María Torres, juez de Siuna.
Estas dificultades también fueron expuestas por el juez de Bluefields, Martín Enríquez, durante la valoración de la aplicación de dicha ley, con todos los jueces y magistrados del país, “para hacer los ajustes necesarios”, explicó la magistrada de facto Alba Luz Ramos.
Este debate se da en medio de la controversia de quienes rechazan y aceptan la ley. La Corte debe resolver tres recursos por inconstitucionalidad contra la citada ley.
IMPUNIDAD POR LEJANÍA
De acuerdo con datos presentados por el judicial, la RAAN recibió 106 causas por delitos contemplados en la Ley 779, de estas solo nueve resultaron con sentencias condenatorias y 17 agresores fueron puestos en libertad por vencimiento de término. Mientras a marzo del 2013 van 71 causas y solo seis sentencias condenatorias.
“Muchas veces los delitos quedan impunes por la falta de fiscal que ejerza la acción penal. También las grandes distancias que las víctimas, agresores, testigos y peritos deben de recorrer para interponer su denuncia y presentarse en juicios hace que los casos se cierren por vencimiento de término”, explicó el juez Enríquez.
Cada juez que pasaba a presentar su informe por departamento coincidía en los obstáculos, agregando además la falta de sensibilización de los funcionarios en la aplicación de la ley y la falta de Comisarías de la Mujer y falta de personal forense.
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