Vladimir Vásquez
El constitucionalista Gabriel Álvarez considera que el director de Telcor, Orlando Castillo, “manipula su propio acuerdo” al tratar de decir que solo buscan las personas “idóneas” para que ocupen los cargos en las empresas de telecomunicaciones, cuando defendió el Acuerdo Administrativo 005-2013, que es considerado por el sector privado como una intromisión .
Álvarez explica que el “interés público no es un cheque en blanco que el Gobierno puede usar discrecionalmente”.
“Telcor viola el régimen jurídico de la gestión privada de las empresas, viola el principio de la libertad de contratación, el ejercicio del derecho al trabajo para suscribir convenios colectivos y contratos individuales”, recuerda el abogado.
“Hay varios conceptos muy peligrosos que está usando este Gobierno, entre ellos el de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y el del interés público, para violar los derechos constitucionales”, explicó.
Al ser consultado sobre los señalamientos de que Telcor podría escuchar las llamadas telefónicas, aseguró: “Mirá, la tecnología te permite mil cosas. ¿Por qué hasta ahora dicen eso? ¿Por qué protestan?”
Castillo además dijo que “hay que tomar medidas para controlar el narcotráfico y el crimen organizado”, a pesar que destaca que esa lucha la ha liderado la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
“Hay agencias de agencias”, respondió el funcionario cuando se le preguntó sobre el interés del Gobierno en aprobar a los gerentes de las diferentes empresas de telecomunicaciones del país que intenten asumir un cargo.
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CASTILLO DEFIENDE
El director de Telcor, Orlando Castillo, “no cree” que el Acuerdo Administrativo 005-2013 no es inconstitucional y que el Estado tiene derecho de conocer quiénes ocuparán los cargos gerenciales de las empresas de telecomunicaciones del país, pues las licencias que se otorgan les pertenecen. A la vez justificó la medida aduciendo que es para luchar contra el narcotráfico.
El funcionario justificó a medios de comunicación oficialistas el acuerdo diciendo que “el decreto no dice que vamos a proponer gerentes de algún tipo” y agregó que “queremos que nos platiquen, que nos digan si son idóneos para estar ahí”.
“No creemos que sea inconstitucional a pesar que haya algunos artículos (con los) que se choque”, dijo Castillo al concluir una reunión en Managua con directivos de telecomunicaciones de la región centroamericana para definir una estrategia que permita ampliar el ancho de banda.
“EL ESTADO ES DUEÑO”
Castillo asegura que el acuerdo surge porque el Estado es dueño de las licencias que operan las empresas de telecomunicaciones, por tanto, dijo que están “en su derecho de conocer quiénes ocuparán esos cargos”.
Además, agregó que esto es parte de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“¿De qué manera controlamos? Por lo menos conociendo a quiénes van a poner”, dijo el funcionario que no parece interesado en dar marcha atrás con la medida publicada el 22 de marzo en La Gaceta, diario oficial.
COSEP SIGUE CON SU ANÁLISIS
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) continúa con el análisis del documento emitido por Telcor para presentar un recurso contra el mismo, según conoció LA PRENSA.
Castillo además reveló que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) envió una solicitud de reunión para discutir el contenido del polémico acuerdo.
Incluso se rumora que las diferentes empresas de telefonía podrían estar preparando una respuesta jurídica para combatir el acuerdo, tanto a nivel nacional como internacional.
Esto a pesar que a nivel de Nicaragua no han emitido un comunicado categórico condenando las acciones del ente regulador.
La empresa Claro guarda silencio sobre el tema y la semana pasada la oficina de relaciones públicas solo informó que analizan el documento.
La empresa Movistar, a pesar de haber publicado un comunicado, no sienta una posición clara sobre cómo interpreta el documento. En su lugar, delega en el Cosep la responsabilidad de la vocería sobre este tema.
BDN PREPARA REVISIÓN
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) prepara una iniciativa de interpretación auténtica de la Ley de Telecomunicaciones “para que sea el plenario de la Asamblea el que se pronuncie sobre el acuerdo de Telcor”, explicó el diputado Eliseo Núñez.
“Esto abrirá un debate político. Nosotros sabemos que el FSLN tiene mayoría en el plenario y veremos si la rechazan o no de plano, pero sabemos que es violatorio a la Constitución de la República”, explicó el legislador de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.
Esta iniciativa podría ser entregada esta semana a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, según Núñez, quien explicó que están realizando los estudios pertinentes para su presentación.
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