Wendy Álvarez Hidalgo y Tania Sirias
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) introdujo ayer ante el Instituto de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) un recurso de revisión del acuerdo 005-2013, que ordena a las empresas de telecomunicaciones someter a aprobación ante el ente regulador el nombramiento de altos cargos.
La empresa privada está dispuesta a llevar su queja hasta la máxima instancia judicial con el fin de revertir el acuerdo, que a criterio del sector, es inconstitucional por transgredir el principio de la libre empresa.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, recuerda al Gobierno que no es la primera vez que advierten sobre las consecuencias de medidas como esta.
El ente regulador de las telecomunicaciones tendrá veinte días para resolver la solicitud del Cosep, tal como lo establece la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Además dijo que la resolución de Telcor se centra “en el enfermizo afán del Gobierno de controlar”, no solo a las empresas sino también a las personas que utilizan las plataformas de telecomunicación. Vigil expresó que el grupo parlamentario del MRS solicitará a la Asamblea Nacional la interpelación del director de Telcor, Orlando Castillo.
Vigil dijo que no se debe perder de vista que la familia presidencial Ortega-Murillo es dueña de varios medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones, lo que les dará ventaja para poder competir, pues tendrán información privilegiada con respecto a las otras empresas.
[/doap_box]
Si al término de ese plazo Telcor no falla, o la resolución es negativa, el Cosep introducirá un recurso de apelación ante la Presidencia, donde espera obtener respuesta positiva, según Aguerri.
En el recurso el Cosep insiste en que Telcor se extralimitó en sus funciones violentando una serie de leyes y pasando por encima de la propia Constitución Política de Nicaragua. En los próximos días también las empresas afectadas por ese acuerdo introducirán un recurso similar al del Cosep, informó Aguerri.
En el acuerdo emitido por esa entidad, el pasado 22 de marzo, se ordena a las empresas de telecomunicaciones someter a la aprobación de Telcor el nombramiento de los gerentes o directores generales, de Informática o Sistemas y de Seguridad.
SUSPENDER APLICACIÓN
Cosep pide en el recurso que la aplicación del acuerdo se suspenda durante el periodo de trámite del recurso administrativo. “Consideramos de manera importante que esa suspensión se dé para que se nos permita entrar a un diálogo que busque cómo dejar clara la posición del sector privado y que se respeten los diferentes derechos que están aquí siendo violados, pero por el otro lado que podamos encontrar una respuesta a las preocupaciones que tienen en este caso las empresas”, dijo Aguerri.
El representante gremial aclaró: “Nosotros (como empresa privada) no tenemos el poder, nosotros de lo que estamos haciendo uso es de la razón. Sabemos que el poder está en manos del Gobierno, como lo ha estado en el pasado”. A propósito de esa afirmación, Aguerri recordó al Gobierno que ya en otras ocasiones le ha advertido de las consecuencias de decisiones erróneas y que han tenido un efecto negativo en la economía del país.
En ese sentido, mencionó por ejemplo que el Cosep advirtió sobre las consecuencias que tendría cerrar las fronteras a las exportaciones de frijol, y por eso hoy más de dos millones de quintales de ese grano no tienen mercados y se están envejeciendo en las bodegas de los productores que están al borde del colapso económico. “Hoy estamos pagando el precio por no haber sido escuchados”, afirma.
También, añade, advirtieron de los impactos que tendría la aplicación arbitraria de ajustes exorbitantes al salario mínimo, lo que ocasionó la pérdida de miles de empleos en el sector maquila, principalmente. Igualmente, recuerda que la empresa privada alertó de las consecuencias que tendría el apoyo abierto que el Gobierno dio al movimiento conocido como los No Pago, que se negaban a honrar sus deudas a las microfinancieras, lo que ocasionó el retiro de fondeadores y dejó en negativo las cifras de las instituciones del microcrédito.
Aguerri tampoco dejó atrás la inconformidad sobre algunas facultades de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), que pese a que Nicaragua ya cumplió con ese requisito internacional, el país no mejora su imagen en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Señala que si al agotar el trámite administrativo no obtienen respuesta positiva, recurrirán de amparo y por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Aguerri dijo que no se puede comparar el procedimiento de selección de un gerente bancario, por ejemplo, que debe ser sometido ante la Superintendencia de Bancos para ver si cumple con los requisitos, con el acuerdo de Telcor, porque el primer procedimiento es ley, el otro es una normativa.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A