Josué Bravo
Los diputados Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) y Patricia Pérez (Movimiento Libertario), integrantes de la Comisión Investigadora de la carretera fronteriza, solicitaron la destitución del excanciller y actual Ministro de Ambiente de Costa Rica, René Castro; del Viceministro de Seguridad, Mauricio Borashi y la Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.
Oviedo y Pérez señalan en, su informe de minoría, a estos tres altos funcionarios como parte de los responsables de las decisiones que llevaron a la construcción apresurada de la Ruta 1856 —como se llama la cuestionada carretera fronteriza paralela al río San Juan— y de los posteriores errores que derivaron de ese proyecto —como el despilfarro de 36,500 millones de colones (unos 70 millones de colones) del erario público—.
A Castro se le achaca su “debilidad e ingenuidad” en el conflicto con Nicaragua por el dragado del Río San Juan y en la supuesta invasión a Costa Rica a finales de 2010, antecedentes que desembocaron en el decreto de emergencia y construcción de la ruta polémica.
A Borashi se le cuestiona su labor de enlace, sin potestades legales, con el que la presidencia ejerció influencia y tomó decisiones en varias instituciones del Estado.
A Rosales se le señala “por su participación directa en la supervisión de los dineros de la Comisión Nacional de Emergencias, utilizados en la construcción de la carretera.
El informe pide al Ministerio Público que inicie investigaciones contra Borashi y Rosales y que se le dé una “sanción moral” al vicepresidente, Luis Liberman.
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