Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
Dos diputados opositores miembro de una comisión investigadora de los supuestos actos de corrupción de la carretera fronteriza, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto de emergencias que avaló la construcción de esta cuestionada vía, paralela al Río San Juan de Nicaragua.
Los diputados Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana y Patricia Pérez, del Movimiento Libertario, presentaron el recurso contra el decreto emitido por el gobierno de Laura Chinchilla, en febrero del 2011, en el cual alegando supuesta invasión nicaragüense en la zona fronteriza, avaló varias obras, incluida la fallida carretera de 160 kilómetros de extensión que bordea el cauce nicaragüense.
“La inclusión y gestión injustificada de la construcción de la trocha fronteriza como parte del plan de acción para atender la emergencia declarada mediante Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, sólo encuentra explicación, se repite, en la búsqueda de una disminución de los requerimientos y controles habituales que, para este tipo de contrataciones, requiere normalmente nuestro ordenamiento jurídico, facilitando la comisión de actos de corrupción”, cuestionó la diputada Patricia Pérez.
“Si bien, el decreto se justificó en su origen, el desarrollo de los acontecimientos ha hecho que el mismo haya sobrevenido en ser inconstitucional, al menos en medida del fundamento de la construcción de la Trocha por métodos excepcionales”, reza el recurso planteado por los diputados.
Estos diputados, integrantes de la Comisión Investigadora de la carretera fronteriza; solicitaron la destitución del ex canciller y actual Ministro de Ambiente, René Castro, del Viceministro de Seguridad, Mauricio Borashi y la Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.
Oviedo y Pérez señalan en su Informe de minoría a estos tres altos funcionarios como parte de los responsables por las decisiones que llevaron a la construcción apresurada de la ruta 1856, como se llama la cuestionada carretera fronteriza paralela al río San Juan, y a los posteriores errores que derivaron de ese proyecto, como el despilfarro de 36,500 millones de colones (unos 70 millones de colones) del erario público.
Al defenderse, mediante un comunicado de prensa, es Rosales, quien negó la responsabilidad de la Comisión Nacional de Emergencias en supuestas irregularidades y se las achacó al Consejo Nacional de Vialidad.
La funcionaria dijo que las obras en la frontera con Nicaragua iniciaron con contrataciones realizadas por el Consejo de Vialidad antes del decreto de emergencias y continuaron con sus propios recursos después del decreto.
Por su parte, el Ministro Castro, acusa a los legisladores de cometer un “error histórico” y según èl, con el cuestionamiento solo buscan réditos políticos.
“Esta es una mentira injusta que se ha mantenido por mucho tiempo y que ha sido incluso repetida por diversos medios de comunicación, y es momento de que se acabe con esta mentira”, dijo.
“Ningún canciller o político de un país debería ser injustamente responsabilizado cuando un gobierno autoritario ha tomado la decisión de invadir a otra nación por conveniencia propia”, añadió.
