Elízabeth Romero
El uso que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega le da a los fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), la detención de funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE), por vínculos con el narcotráfico, así como la forma en que administra a través de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), algunos beneficios que como instituciones del Estado deberían otorgar al pueblo; son entre otros los señalamientos que el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos hace a Nicaragua.
En la sección 4 del informe relacionado al aspecto de corrupción y falta de transparencia gubernamental menciona igualmente el hecho, que según el mismo ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independiente, de que para obtener un empleo en el sector público obligan a las personas a obtener cartas de recomendación para que les extiendan un documento de identidad o registro de votantes.
Y retoma denuncias efectuadas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Federación de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), en relación a que han obligado a una mayoría de los empleados del sector a afiliarse al partido oficial el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Y que para solicitar un puesto en las instituciones del Estado la persona debe presentar una recomendación por escrito del partido.
En el caso de los fondos del Alba menciona que Ortega continuó con la distribución de los mismos los que recibe en promedio de 600 millones de dólares anuales al margen del presupuesto de la República. Y resalta que los medios de comunicación en el país informaron en su momento que los contratos financiados por el Alba fueron adjudicados a empresas con vínculos con la familia Ortega, al tiempo que los fondos provenientes de Venezuela sirvieron para un presupuesto separado y controlado estrictamente por el FSLN con poca supervisión pública.
Reseña el informe cómo a través de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), entregan alimentos subsidiados, asignan viviendas y otros. Y señala que los grupos de la sociedad civil denunciaron la participación frecuente de los CPC en los programas sociales del gobierno, como el Programa Amor y Hambre Cero.
También menciona el caso de la detención del exmagistrado liberal del CSE, Julio César Osuna y otros empleados del gobierno por utilizar su posición para proporcionar documentación falsa a presuntos traficantes de drogas y lavado de dinero de Honduras a Costa Rica.
En esa misma sección el reporte señala que aunque la ley establece sanciones penales por corrupción oficial, el gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley y los funcionarios frecuentemente se involucraron en prácticas corruptas con impunidad.
