“La acumulación de armas pequeñas y livianas en sí mismo no causa conflictos. Su disponibilidad, no obstante, contribuye a la intensificación de los conflictos al elevar el número de víctimas y la duración de la violencia y promueve una resolución violenta de los conflictos; lo cual a su vez, genera un círculo vicioso en el que a mayor sensación de inseguridad aumenta la demanda y el uso de estas armas” —Organización de las Naciones Unidas—.
Estados Unidos es el mayor productor de armas de fuego en el mundo. La Agencia de Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. (ATF por sus siglas en inglés) informó que en el 2011 se produjeron e importaron alrededor de dos millones de armas de fuego. Por otro lado, aproximadamente 258 millones de armas se encuentran en circulación en este país, alrededor de noventa por cada cien personas.
Desde 1982, Estados Unidos ha sobrellevado 62 tiroteos, según fuentes internacionales. Las armas utilizadas fueron compradas por los causantes de las matanzas. El tiroteo en Newtown, Connecticut, del 14 de diciembre del 2012, reactivó el debate sobre la portación de armas en EE. UU. Días después de esta tragedia, la demanda de armas de fuego y municiones se incrementó, paralelamente a la población que exigía regulaciones más estrictas para su control.
Ante esta situación, el presidente Barack Obama ha indicado que la oposición de los republicanos en el Congreso ha hecho casi imposible algún tipo de reforma a las leyes federales sobre el comercio de armas, sin embargo, se prevé que se aborden una serie de propuestas claves de control.
Este contexto ofrece un momento propicio para el debate sobre los efectos y la influencia que pueden generar las armas de fuego en los ciudadanos, ya sea de parte de los países productores, que las consumen y además las distribuyen, y aquellos que no son productores, pero que las compran para su venta legal.
De acuerdo con el Observatorio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y estadísticas de la Policía Nacional, en Nicaragua el registro de armas legales de fuego se ha incrementado durante los últimos años. En el 2006 se contaba con 90,133 armas y en el 2011 se elevó a 142,260. Algunos estudios han identificado que la presencia de un arma de fuego aumenta trece veces la posibilidad de una muerte. A pesar de este dato, muchas personas se arman para tener más seguridad.
Por otro lado, Nicaragua presenta un comportamiento ascendente con referencia al uso de armas de fuego en los delitos de mayor impacto y peligrosidad del país. En los primeros años de la década se mantuvieron porcentajes inferiores al uno por ciento de los delitos con uso de armas de fuego. Para el 2011, el porcentaje ascendió al 4.8 por ciento y en el caso de los asesinatos y los homicidios, la presencia de armas de fuego registró porcentajes superiores al 54 y 49 por ciento, respectivamente.
La circulación de armas para actividades ilegales tiene dos fuentes principales en el país: el comercio legal de armas y el tráfico ilegal internacional, que se origina en el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado transnacional. Esto quiere decir que muchas de las armas que se portan de forma legal pasan a ser utilizadas para actividades ilícitas, que generan violencia.
El control de armas de fuego recae principalmente en la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) de la Policía Nacional; la cual se rige por una de las legislaciones más modernas en el ámbito del control de armas de fuego a nivel regional; la Ley 510 “Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. A pesar de estas condiciones legales, es necesario enfatizar que los delitos de mayor peligrosidad se están generando con el uso de armas de fuego, que en muchos casos provienen de la portación legal. Entonces las preguntas son: ¿Consideramos que en nuestro país hay suficiente control sobre las armas legalmente compradas? ¿Qué ayudaría a reducir la delincuencia, portar armas o dejar de portarlas? Evidentemente no existe una posición clara del país ante estas interrogantes, es hora de opinar. La autora es investigadora del Programa de Seguridad Democrática, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
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