El acuerdo interministerial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 01-2013 publicado en el diario oficial La Gaceta del 19 de abril declara de utilidad pública de 9.75 manzanas de tierras privadas en León, para que sean usadas por Albanisa, el consorcio privado, controlado por el presidente Daniel Ortega y su familia, en la construcción del oleoducto y la estación de válvulas del complejo petrolero que se encuentra enmarcado en el proyecto de construcción de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar.
El acuerdo revela que los cuatro propietarios de las manzanas afectadas deberán buscar un acuerdo con Albanisa.
LA PRENSA no ha logrado ponerse en contacto con ninguno de estos propietarios para conocer si ya han sido notificados al respecto.
Albanisa tiene antecedentes de llevar a cabo un estilo de negociación con “pistola en la cabeza”, debido a los privilegios que tiene por ser el corazón de los negocios de la familia presidencial.
Los propietarios afectados, de acuerdo al interministerial son José Abohassen (4.29 manzanas), River Morales Galo (1.66 manzanas), Francisco Roa Talavera (2.25 manzanas) y una área de 1.55 manzanas propiedad de Gilberto, Nora, Elia María, Ana Rosa, Paula Leonor, Humberto José y Francisco José, todos de apellido Roa Talavera.
“Mi pronóstico es que Albanisa se va ir por la vía de hecho, y a los dueños no les va a quedar otra que conformarse. El problema es que ellos tienden a confundir la expropiación con la confiscación, y claro, cómo no va a ser así, si ellos han sido los más grandes confiscadores de la historia”, dijo el diputado de la bancada democrática Eliseo Núñez Morales, al ser consultado sobre el tema.
El acuerdo establece que Albanisa tiene que buscar un entendimiento con los propietarios de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 15 días luego de que el acuerdo fuese publicado en La Gaceta.
“En caso de avenimiento, el acuerdo de expropiación por causa de utilidad pública a favor de Albanisa se deberá formalizar por medio de instrumento público que deberá inscribirse en el Registro Público correspondiente”, añade el acuerdo.
“La ley de expropiación establece que se debe indemnizar a los propietarios en un valor justo y acordado, y si no hay acuerdo, pues deben ir con un juez para que él finalmente tase el acuerdo”, agregó Núñez Morales.
El 18 de febrero del 2013 Albanisa envió una carta a Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Energía y Minas y Fomento, Industria y Comercio planteando la necesidad de declarar de utilidad pública estos terrenos ubicados en San José del Limón, contiguo a la playa Miramar, en la costa Pacífico del país.
En septiembre del año pasado, la aplanadora orteguista de diputados aprobó que el Complejo El Supremo Sueño de Bolívar fuese declarado un proyecto de utilidad pública e interés social.
Esta ley establece que al proyecto se le libera del pago de impuestos, y además se le conceden beneficios fiscales especiales tanto como en la construcción, como en la operación del complejo petrolero.
En ninguna parte de la legislación aprobada se establece un límite de tiempo por el que Albanisa siga gozando de estos privilegios fiscales. Incluso, estos se extenderán a los socios que inviertan en el proyecto, empresas que se subcontraten y abastezcan de materiales y equipos para la obra.
Diputados opositores protestaron en dicha ocasión la aprobación de la mencionada iniciativa porque en Nicaragua ningún otro proyecto —ya sea público o privado— goza de semejantes beneficios fiscales, y en este caso se estaba favoreciendo a un consorcio que está vinculado directamente a la familia presidencial.
“Para la construcción de la tubería del oleoducto y estación de válvulas del Complejo Industrial El Supremo Sueño de Bolívar es necesaria la expropiación de bienes a favor de Albanisa, en los cuales se contemplan realizar estudios, construcción y mantenimiento de tuberías, incluyendo la remoción, traslado y derribo de cualquier obstáculo que sea encontrado y que sea necesario para la correcta operación y mantenimiento de las tuberías”, cita el acuerdo.
O aceptas, o te fregas
Un caso emblemático sobre la forma de negociar de Albanisa es Monte Carmelo, una propiedad perteneciente a la familia Toruño, en Nagarote. Esta tuvo la desdicha de caer en la mira del consorcio privado presidencial, dado que necesitaban extraer del sitio material selecto para los trabajos de construcción vinculados a la refinería.
El conflicto se dio porque Albanisa ofrecía a la familia Toruño 200 dólares por manzana, cuando el valor de esta era de dos mil dólares. Debido a que no llegaban a un acuerdo, el procurador general de la República, Hernán Estrada, quien actuaba como representante legal de Albanisa, procedió a declarar de utilidad pública la propiedad —este caso se dio en mayo del 2011, cuando la Asamblea Nacional ni siquiera había aprobado el proyecto como de interés social— y sin consentimiento de la familia Toruño, la maquinaria de Albanisa inició la explotación del material en la propiedad.
Cinco meses después, debido a que la Procuraduría y el Ministerio de Energía y Minas engavetaron los reclamos de la familia Toruño, esta no tuvo mas remedio que vender toda la finca a Albanisa por un monto debajo del valor real, y sin contemplar los perjuicios económicos provocados por la devastación de la propiedad.
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