MARTHA VÁSQUEZ Y ELIZABETH ROMERO
Los hombres acusados de violencia física, amenazas, entre otros delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, cuya pena sea menor a los cinco años de cárcel, podrán mediar con la víctima para evitar la condena, afirmó ayer el magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís.
Esta “permisividad que le están dando al agresor” —según criticaron las mujeres organizadas— fue consensuada por los magistrados, quienes después de varias reuniones concluyeron que deben restablecer la mediación en delitos menores que contempla la Ley 779, dijo Solís.
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“Hemos estado haciendo uso de las bondades que tiene la Ley 779 en atención a niñas y adolescentes y mujeres que sufren violencia”, dijo Amaya quien explicó que la incidencia de la violencia contra la niñez es demostrada con los peritajes efectuados por el Instituto de Medicina Legal (IML). Por ejemplo, las estadísticas del IML demostraron que entre enero y noviembre del año pasado de 4,236 peritajes por violencia sexual efectuados 2,551 fueron practicados a niñas y niños y 1,685 a adolescentes entre los 13 y 17 años.
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“No puede quedar así de tajante a como quedó. No estamos en contra de la Ley, sino que queremos flexibilizarla en puntos rígidos y creo que ya tenemos consenso en eso”, dijo Solís.
De acuerdo con el funcionario, lo que está pendiente de aprobar es cómo van a aplicar ese cambio. Una propuesta es vía jurisprudencia con sentencias de la Sala Penal al respecto declarando inaplicable el artículo 46 de dicha ley, que prohíbe la mediación para todos los delitos contemplados en la 779 o bien reformarla a través de la Asamblea Nacional.
INVADIRÍAN FUNCIONES
Para Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), esa salida a través de jurisprudencia no es correcta porque los magistrados deben pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley.
Bismarck Dávila, uno de los abogados recurrentes contra la Ley 779, también coincidió con Jiménez y expresó que la CSJ no puede vía jurisprudencia o a través de circular administrativa, proceder a la reforma de la Ley, porque estaría violando el principio de legalidad establecido en la Constitución Política, además de invadir las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Es un hecho que la CSJ se ha percatado de la inconstitucionalidad de la Ley 779 y por ello quiere equivocadamente reformarla, sin embargo, esta es una obligación y una facultad indelegable de la Asamblea Nacional y no del poder judicial. A la CSJ le corresponde únicamente declarar su inaplicabilidad erga omnes (para todos) y luego rendir un informe a los poderes del Estado respecto de la inconstitucionalidad declarada”, dijo Dávila.
La semana pasada LA PRENSA publicó la posición de la magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte, quien ha defendido la constitucionalidad de dicha Ley, y también declaró que había muchas posibilidades para restablecer la mediación en los delitos contemplados en la Ley 779.
Lo que indica que es posible que ya exista un consenso al respecto en ese poder del Estado.
Otro punto a discusión sobre la Ley 779 es en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, ya que consideran que debe aplicarse solo en casos graves. “De otra manera tendríamos un caos en las cárceles”, dijo Solís.
Para Elia Margarita Palacios, coordinadora enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia, es preocupante la decisión de los magistrados “porque cuando una mujer denuncia es porque su vida está en riesgo y ha quedado más que demostrado que la mediación vulnera los derechos humanos de la mujer y que una víctima no está en iguales condiciones para negociar con su agresor”.
DEBEN MEJORAR APLICACIÓN EN VEZ DE VER DEFECTOS
Para Adilia Amaya, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y Adolescencia Codeni, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe revisar los procedimientos que mejoren la implementación de la Ley 779 para que sean más rigurosos en su actuación.
Amaya considera que hasta ahora la ley ha sido aplicada mal, pese a que “es una herramienta” importante en los casos de violencia.
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