AFP
Un tribunal de Caracas decretó este lunes prisión preventiva para el general retirado y dirigente opositor Antonio Rivero, quien se declaró en huelga de hambre tras ser detenido el sábado por supuestamente promover la violencia en las movilizaciones opositoras tras las elecciones del 14 de abril.
Según un comunicado de la fiscalía, Rivero fue imputado “por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir” y el tribunal “dictó la medida privativa de libertad para el imputado”, tras lo cual se fijó como lugar de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A la salida del tribunal, José Vicente, hermano de Rivero, leyó un carta escrita por el general retirado, que también fue director de Protección Civil entre 2003 y 2008, en la que el detenido aseguraba no haber comido nada desde el sábado y se declaraba oficialmente en huelga de hambre.
“Hago del conocimiento, ante mi absoluta consideración de inocencia por los delitos que se me imputan y mi privación del más sagrado derecho, mi libertad, que me declaro en huelga de hambre, habiendo ya dejado de consumir alimentos desde el mismo momento de mi aprehensión”, escribió Rivero.
Rivero fue detenido el sábado al mediodía tras acudir a una reunión con el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, quien lo convocó para aclarar los señalamientos en su contra, luego de que el gobierno difundiera un video en el que éste presuntamente organizaba una protesta de estudiantes tras las presidenciales.
Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, calificó este lunes a Rivero como “el primer preso político” del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien la oposición no reconoce, y explicó que el video muestra cómo el general retirado “estaba llamando” a los estudiantes a seguir los lineamientos del líder opositor Henrique Capriles y “a no entrar en el camino de la violencia”.
Las protestas tras las elecciones, convocadas después de que la oposición no reconociera la estrecha victoria de Maduro, dejaron nueve muertos y decenas de heridos, según la fiscalía. El gobierno responsabiliza de los muertos y heridos a los dirigentes opositores, entre ellos a Capriles, a quien ha amenazado con mandarlo a la cárcel.
Por su parte, Carlos Vecchio, miembro del comando de campaña Simón Bolívar -de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática-, denunció que “toda esta persecución busca tapar la verdad de todo lo que ocurrió el 14 de abril”,
“El gobierno tiene dos problemas de fondo: no tiene legitimidad y le falta liderazgo”, agregó, refiriéndose a la pérdida de casi 700,000 votos por Maduro en relación a los que había conseguido el fallecido Hugo Chávez el pasado 7 de octubre.
López, a quien la fiscalía también imputó en febrero por tráfico de influencias en un caso de financiación ilegal de partidos, aseguró que Rivero fue en realidad detenido el sábado por sus reiteradas denuncias sobre la presencia de militares cubanos en las Fuerzas Armadas y aseguró que llevarán su caso “ante instancias internacionales”.
A raíz de esas denuncias, Rivero, que en el pasado tuvo buenas relaciones con el chavismo, ya fue imputado en agosto de 2010 por la presunta comisión de los delitos de “ultraje” a las Fuerzas Armadas y revelación de informaciones castrenses secretas, pero su juicio sigue pendiente.
Según explicó a la AFP su abogado Guillermo Heredia, quien aseguró que no existen pruebas que sustenten la acusación, la defensa estudiará el recurso de apelación contra esta decisión y la fiscalía tiene un plazo de 45 días “para terminar la investigación”.
