MARTHA VÁSQUEZ
Los casos de violencia siguen. Zamira Seydi Guido se recupera de nueve cuchilladas que le propinó su expareja, Freddy Muñoz Chévez. Ella lo denunció el viernes pasado en la mañana, por amenazas de muerte, en la Comisaría de la Mujer y por la tarde, casi la mata. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a aplicar la suspensión de la pena a condenados por delitos menos graves contenidos en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. En dependencia de cómo se tipifique este caso, Muñoz podría ser beneficiado por esta disposición de la CSJ.
Las instrucciones las hizo la CSJ, mediante circular a todos los jueces y magistrados de Nicaragua, donde les dicen que para resolver deben tomar en cuenta la Ley 745 o Ley de Ejecución de la Pena, la Ley 779, la Ley 735 o Ley Contra el Crimen Organizado, los principios constitucionales y los tratados internacionales firmados por Nicaragua.
“Se les instruye que en todos los delitos menos graves, entre los que se incluyen también los comprendidos en la ley 779, podrán de manera preferente aplicar el beneficio de suspensión de ejecución de pena con fundamento en el inciso C del artículo 16 de la Ley 745 (…)” se lee en la circular de la Corte.
Esta última disposición hace referencia al límite que imponían jueces a la aplicación de beneficios a los privados de libertad por narcoactividad y crimen organizado, mismo que generó controversia con el Ministerio de Gobernación.
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Según explicaron en declaraciones pasadas los magistrados orteguistas de facto Armengol Cuadra y Rafael Solís, miembros de la Sala Penal de la Corte, el objetivo de las orientaciones es para que los jueces tengan un solo criterio a la hora de aplicar beneficios y derechos a un reo por narcotráfico y a un reo condenado por violencia de género y no haya discriminación.
La circular aclara que para aplicar estos beneficios al reo se debe tomar en cuenta la gravedad y la complejidad del delito, así como la reincidencia y comportamiento del procesado dentro del Sistema Penitenciario.
MAGISTRADOS DEBEN ACLARAR
Para Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), “los magistrados deben aclarar esa circular porque no deja claro el interés a quién quieren beneficiar, deja las puertas abiertas a los agresores sexuales inclusive”.
Mientras las opiniones a favor y en contra de la Ley 779 siguen, los magistrados en la Corte Suprema aún no deciden cuál será la vía por la que restituirán la mediación en los casos menos graves de dicha norma.
El magistrado liberal Manuel Martínez, miembro de la Sala Constitucional de la Corte, dijo ayer que su posición al respecto es que se resuelvan los recursos por inconstitucionalidad de la Ley 779, se hagan las recomendaciones pertinentes a la Asamblea Nacional, si es que las hay, y dejar que ellos resuelvan las reformas a dicha norma que entró en vigencia el 22 de junio pasado.
MAGISTRADOS REUNIDOS
Por otro lado, el magistrado de facto Cuadra dijo que ayer se reuniría la Comisión que estudia las diferentes leyes, incluida la 779, pero no se sabe más detalles.
Extraoficialmente se conoció que la circular sobre la aplicación de beneficios y derechos a reos es para que los jueces no tengan miedo de aplicar la ley. “En reuniones anteriores se orientó a los jueces ser duros en la aplicación de ciertas leyes y que debían ordenar solo prisión preventiva y, por temor a ser despedidos, no aplicaban estrictamente la ley”, dijo la fuente.
Mientras esas discusiones se resuelven en lo alto del poder judicial, los jueces especializados siguen recibiendo casos como el de Zamira Guido, cuya expareja, Freddy Muñoz, le propinó nueve estocadas con un cuchillo delante de su hijo de cinco años en venganza porque ella lo denunció en la Policía. Los hechos se dieron el pasado 3 de mayo a eso de las 6:00 p.m., cuando el agresor la esperaba detrás de la puerta a que ella llegara del trabajo. La Fiscalía pidió prisión preventiva por el delito de femicidio frustrado, ya que las cuchilladas pusieron en peligro la vida de la mujer.
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