El Senado argentino aprobó este miércoles una ley que consagra por primera vez el voto popular para designar a miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo judicial clave que nombra y remueve jueces.
Tras siete horas de debates, el gobernante peronismo impuso una mayoría de 38 votos contra 30 de la oposición para la aprobación de una de las normas centrales de una reforma judicial impulsada por el gobierno que consta de seis leyes y que ha sido criticada por las Naciones Unidas.
La Relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, instó al gobierno argentino a que reconsidere las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura, así como la de regular el empleo de medidas cautelares contra el Estado.
Pero el gobierno argentino consideró “inexactas e incorrectas” sus sugerencias y defendió las reformas señalando que apuntan a “dotar de mayor transparencia y agilidad al poder judicial”.
La iniciativa eleva de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura e introduce el voto popular para designar a 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Una de las principales críticas a este proyecto es que los nombres de los candidatos a integrar el Consejo acompañarán las boletas partidarias en las elecciones regulares, lo que la oposición considera como “una partidización de la justicia”.
Durante el debate en el pleno, la oposición cuestionó además una modificación introducida en la reforma del Consejo, que obliga a los partidos políticos a presentar lista bajo el mismo nombre en al menos 18 distritos (de 24 en total) para participar de la elección de consejeros, un requisito que sólo cumple el oficialismo, según sus rivales políticos.
El oficialista Frente Para la Victoria (FPV) se presenta con ese nombre en todos los distritos electorales del país, mientras que otros partidos lo hacen con diferente denominación para poder conformar alianzas de tipo electoral.
Con ese requisito “el oficialismo es el único capaz de presentar candidatos para el Consejo de la Magistratura”, dijo en la sesión el senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical, segunda fuerza legislativa.
En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto sostuvo en cambio que “ningún juez se va a subordinar a partido alguno” y llamó a “dejar de tener una mirada hipócrita, necia, de no asumir que (el Judicial) es un poder importante que tiene un fuerte contenido de politización, una mirada más conservadora”.
El Senado también aprobó este miércoles los proyectos para publicar en internet las declaraciones juradas de los miembros de la justicia y otro que obliga a difundir en la web los fallos de todos los tribunales.
Esas tres normas integran un paquete de seis leyes que el gobierno de Cristina Kirchner bautizó como “democratización de la justicia”, aunque la oposición considera que se trata de un ataque a la independencia de los magistrados.
Otras dos leyes fueron aprobadas en abril por los diputados, una de creación de tres cámaras de Casación (apelación de tercera instancia), cuyo objetivo es aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el gobierno, y otra que limita las medidas cautelares contra el Estado, enmarcada en una larga disputa judicial del gobierno con el influyente grupo de medios Clarín.
El gobierno limitó a seis meses la duración de las cautelares, prorrogables por otros seis, después de que Clarín se acogiera a este recurso en 2009 en rechazo de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más fuerte grupo argentino del sector a desprenderse de licencias de radio y televisión.
La sexta y última norma de la reforma judicial, que también aprobó el Senado en la jornada, es sobre el acceso igualitario a la justicia, aunque deberá volver a los diputados para su aprobación.
El rechazo a la reforma judicial fue una las principales consignas de una multitudinaria manifestación contra el gobierno, en abril pasado.
El sindicato de los judiciales inició este miércoles un paro de 72 horas contra las modificaciones en la justicia.