MÉXICO/AFP
Familiares de los 49 niños que murieron en el incendio de una guardería en el noroeste de México en 2009 denunciaron ante la Fiscalía que el fuego fue provocado para destruir documentos oficiales comprometedores guardados en un almacén contiguo, informó este lunes su abogado.
Casi cuatro años después de la tragedia, los padres de las víctimas han conseguido recabar “distintas pruebas” que presentaron ante la Procuraduría General (Fiscalía) y que evidencian que el incendio, que inicialmente se había considerado un accidente, aparentemente fue intencionado para esconder una deuda del gobierno estatal, indicó el abogado defensor Gabriel Alvarado.
El incendio tuvo lugar en la guardería ABC de Hermosillo, capital del estado de Sonora, que era subrogada por el gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y donde en ese momento se encontraban 141 menores, de los que 49 murieron y 70 más fueron heridos. Las dos únicas puertas de emergencia de la guardería estaban bloqueadas.
Las investigaciones oficiales concluyeron que el fuego comenzó por el sobrecalentamiento del aire acondicionado de un almacén de papeles rentado por el gobierno de Sonora, contiguo a la guardería.
“Desde un principio lo sabíamos. Ese es el dolor y la lucha que seguimos hasta ahorita porque sabíamos en nuestros corazones que había sido intencionado”, relató con ojos llorosos a la AFP Ofelia Vázquez, madre de Germán Paul -que falleció a los 4 años- durante la presentación este lunes de una película documental sobre el caso en un céntrico museo de la Ciudad de México.
Según el alegato presentado por la defensa, el incendio habría sido provocado por tres sujetos, entre ellos el guardaespaldas del entonces secretario técnico del exgobernador de Sonora Eduardo Bours, para supuestamente destruir documentación relacionada con una deuda estatal de 10,000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares).
Ese mismo guardaespaldas “casualmente” fue hallado muerto de nueve impactos de bala dos meses después del incendio, apuntó el abogado, que pidió a los partidos políticos mexicanos que exijan la resolución del caso “caiga quien caiga”.
La oficina de prensa de la PGR confirmó a la AFP que han recibido esta denuncia y que están evaluando las pruebas presentadas para determinar si son objeto de una investigación.
Actualmente, hay 28 funcionarios de distintos entes acusados de delitos de omisión por el caso, todos ellos en libertad bajo fianza. De acuerdo con el abogado, los acusados deberían pasar a ser investigados por delitos penales.