BOGOTÁ/AFP
Colombia parece encaminarse hacia una despenalización total del consumo de drogas, según la propuesta contenida en un informe de una comisión estatal que marcaría una revolución para el primer productor de cocaína del mundo.
La idea no es nueva, pero esta propuesta parece ir más lejos, ya que emana de un informe de la Comisión del Consejo para la Política sobre Drogas en Colombia, un organismo creado este año con el objetivo de promover la reflexión gubernamental.
“Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores”, concluyó el reporte elaborado por el organismo, que cuenta con una decena de expertos, y que recomendó que la sanidad pública se haga cargo de los adictos. Este primer informe fue presentado el martes en Bogotá, una semana después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregara a Colombia un estudio sobre el tema, con nuevos enfoques, especialmente sobre el tratamiento a los adictos.
“La criminalización de los usuarios de drogas no solo no ha demostrado beneficios de salud pública sino que por el contrario ha tenido efectos contraproducentes, al marginar a los consumidores y agravar su problema de salud”, estimó el reporte.
“Hay muchos consumidores que no son problemáticos, que no cometen crímenes, que no roban para consumir, y esta persona no va a ser criminalizada por el gobierno”, afirmó a la AFP en una entrevista Daniel Mejía, presidente de la comisión.
Para Mejía, director del Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes de Bogotá, apresar a los consumidores equivale a “meterlos en la escuela del crimen, se les saca del mercado laboral, se le estigmatiza hacia el futuro”.
“Hay que ver el consumo de drogas como un tema de salud pública y usar herramientas de salud pública para enfrentar el consumo de droga y no herramientas de política penal”, agregó.
Según el experto, existe una “gran apertura del gobierno colombiano hacia esta propuesta”, pero reiteró que el ejecutivo respeta las convenciones de Naciones Unidas.
La ministra colombiana de Justicia, Ruth Stella Correa, presente en la rueda de prensa, admitió que el informe constituía un “aporte esencial” para el gobierno.
Hasta ahora, la legislación colombiana autoriza desde 1994 la posesión de una dosis máxima de 20 gramos de marihuana y de un gramo de cocaína.
La reforma de las políticas en materia de drogas es uno de los caballos de batalla del presidente Juan Manuel Santos, que preconiza una nueva orientación de la lucha mundial contra el narcotráfico, postura que comparten algunos de sus homólogos latinoamericanos.
Con 46 millones de habitantes, Colombia tiene registro de unos 450,000 consumidores de marihuana, unos 140,000 de cocaína, 34,000 de “bazuko” (un derivado más barato de la cocaína), 31,000 de éxtasis y 3,000 de heroína, según el último estudio publicado al respecto por el gobierno en 2008.
La comisión gubernamental destaca la importancia de efectuar tratamientos preventivos, incluyendo la administración de drogas bajo control médico. Para Inés Elvira, consejera del Ministerio de Salud, el objetivo es “reducir la complejidad y los costos de los tratamientos”, y agregó que “los consumidores crónicos son una minoría”.
El año pasado, Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, inauguró centros experimentales en terapia de sustitución para adictos y propuso utilizar la droga decomisada por la policía para tratar a los toxicómanos.
El ex presidente colombiano Cesar Gaviria, miembro de honor de la comisión, recomendó seguir el ejemplo de los países europeos y “sacar a los consumidores de las garras de los traficantes”.
El ex jefe de Estado también llamó a efectuar un “cambio de mentalidad”, y citó como ejemplo un estudio que reveló que los colombianos prefieren tener a un vecino que sea traficante de drogas a vivir cerca de un drogadicto.
