Vladimir Vásquez
Las reformas a la Ley de Estabilidad Energética y al Código Penal que promueve el presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra son medidas “exageradas” y “una desmotivación” para el usuario que no podrá hacer mayores reclamos a la distribuidora TSK-Melfosur, coinciden un diputado y la exdefensora de los consumidores.
El diputado Agustín Jarquín Anaya y la exrepresentante de Defensa de los Consumidores, Ruth Selma Herrera, cuestionaron dichas reformas que van en detrimento de los usuarios del servicio de energía eléctrica.
Aunque el magistrado de facto, Rafael Solís, dijo que la medida de cárcel para quienes se conecten ilegalmente al servicio de energía es solo para empresarios y no para gente de los asentamientos.
“No es intención del presidente (inconstitucional) ir contra la gente pobre de los asentamientos que consume menos de 150 kilovatios. Quienes se amparan son comerciantes de clase media alta, dueños de restaurantes, panaderías, que los han descubierto pegados”, dijo.
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Para Herrera, la decisión del ejecutivo de reformar el Código Penal para castigar con sentencia de uno a tres años de cárcel a quienes sustraigan ilegalmente energía eléctrica es exagerada y constituye un mensaje de persecución en contra de los usuarios.
Herrera cree que la decisión de anular las sanciones y multas acumuladas por Gas Natural hasta el 13 de febrero de este año y heredadas a TSK-Melfosur Internacional “es una desmotivación” para que nadie inicie un proceso en contra de la distribuidora.
“Les perdonan todas las sanciones y los juicios que se ganaron con su mala gestión para que desarrollen en las mejores condiciones su negocio”, dijo Herrera.
A partir de la aprobación de las reformas, las personas que sustraigan cualquier cantidad de energía eléctrica podrían ser sancionadas por la empresa distribuidora.
Según Jarquín Anaya, la medida de cárcel es exagerada y recordó que en el año 2004, mientras él era presidente de la Comisión de Energía, se reformaron las leyes para encarcelar a quienes modificaran los medidores, pero no a todos los que sustrajeran electricidad, sin importar la cantidad. “Ni aunque se apruebe se podrá aplicar porque no podrán regularizar las situaciones en seis meses”, dudó Jarquín.
El magistrado de facto, Rafael Solís, defendió la reforma asegurando que es la única manera en que se pueden detener los abusos.
“El nuevo grupo español, para que la empresa sea rentable, debe controlar la sustracción ilegal de energía, por eso las sanciones penales”, dijo Solís. Aclaró que la ley lo que establece es cárcel por el robo de energía y no por deuda.
“Aquí se le dan dos oportunidades a la persona que se encuentre robando energía, porque primero se le notifica y multa. Si lo detectan nuevamente robando energía, le duplican la multa y es hasta la tercera vez, que ya es reincidente en la conducta delictiva, que se le acusa por la vía penal. En otros países, a la primera lo meten preso”, explicó Solís.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que “la ley va contra quienes roban energía, que son pequeños grupos que hay que buscar cómo reducir”.
Aguerri explica que no se debe interpretar que la reforma busca encarcelar a la ciudadanía, sino que está diseñada para evitar que esos “grupos” continúen sustrayendo energía ilegalmente.
El texto del documento de las reformas, sin embargo, establece que las sanciones serán aplicadas a quienes roben energía desde cero kilovatios hora en adelante, por lo que no exime a los asentamientos.
(Colaboración de Martha Vásquez y Wendy Álvarez).
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