MARTHA VÁSQUEZ
Para el abogado constitucionalista Óscar Castillo, la posibilidad de que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se apeguen al decreto 03-2010 del presidente inconstitucional Daniel Ortega, que prorrogó en sus cargos a los funcionarios con periodos vencidos, “cerraría un círculo de total ilegalidad y un duro golpe a la institucionalidad del país y un retroceso que no para, del Estado Derecho”.
“Es la Asamblea Nacional y, esta en particular, cuya bancada oficial cuenta con más del sesenta por ciento, la que debe nombrar a los funcionarios y pronto para devolverle al país esa institucionalidad que tanto deseamos todos”, expresó Castillo.
El jurista recalcó que la CSJ quedaría actuando de manera ilegal. “Ningún poder tendría legitimidad y podría abrirse contradicciones, encontronazos jurídicos y un debate nacional entre juristas, litigantes, sociedad en general, de ¿hasta dónde su actuación obligaría a todos a cumplir sus sentencias? precisamente, una Asamblea Nacional responsable, elige antes de que esto pase, para evitar esos posibles conflictos”, dijo Castillo.
MAGISTRADOS SE APEGARÁN A DECRETAZO
Mientras tanto en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Ligia Molina aseguró que ella se apegaría al decreto 03-2010 y al párrafo segundo del artículo 201 que revivieron de la Constitución de 1987, que había quedado derogado, aunque ellos alegan que un artículo no se deroga solo.
“Si fueras magistrada y has cumplido requisitos legales y te encanta tu trabajo, obviamente que voy a acogerme al artículo 201 y al decreto 03 presidencial y seguiré si así la Asamblea Nacional así lo decide hasta que me muera”, reiteró la funcionaria.
GENERARÁ PROBLEMAS
Por otro lado, el magistrado Iván Escobar Fornos, de tendencia liberal, dijo que este es el momento en que la Asamblea Nacional debe ejercer sus funciones y nombrar antes que se dé cualquier problema.
“Bueno, vamos a ver, espero que ese nombramiento sea lo más pronto posible para que no haya ningún problema ni discusión en el país, con ese vencimiento de período publicado en los periódicos creo que es el mejor momento para hacer ese nombramiento”, dijo Escobar.
Ante la pregunta si él se acogería al decreto presidencial que una vez criticó junto a sus colegas liberales, este respondió que todo dependía de la Asamblea.
“No sé. Eso dependerá de lo que exponga la Asamblea Nacional”, dijo Fornos, de facto desde 2012.
Esta semana el magistrado de facto Rafael Solís dijo que según su entender los ocho magistrados a los que se les vencerá el período constitucional el 30 de junio se acogerán al decreto y “trabajarán normalmente a como lo han venido haciendo”.
Los funcionarios a quienes se les vencerá el periodo son: Ligia Molina, Marvin Aguilar, Manuel Martínez, Antonio Alemán, Gabriel Rivera, Francisco Rosales, Yadira Centeno y Edgar Navas.
Los que ya están de facto son: Alba Luz Ramos, Armengol Cuadra, Juana Méndez, Solís y Fornos.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
