Sin previo anuncio público, Portillo fue llevado ayer en la mañana del hospital militar de la capital, donde estaba recluido desde hace varias semanas por problemas de salud, a la sede de la Fuerza Aérea, en un vehículo escoltado por patrullas.
“Me llevan enfermo, de tal manera que responsabilizo al gobierno actual y al ministro de Gobernación de cualquier cosa que pueda pasar con mi salud. Estoy mal, tengo agua en un pulmón y tengo una arritmia cardíaca y aún así me llevan”, se lamentó.
Amigos y seguidores de Portillo se presentaron frente a las instalaciones de la Fuerza Aérea para manifestar su rechazo a la medida.
Para su abogado, Mauricio Berriondo, la extradición fue “ilegal” y hecha “a la fuerza”, pues existen “amparos pendientes”. Y añadió que trasladarlo “enfermo” es “una circunstancia que está prohibida por las leyes internacionales”.
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CIUDAD DE GUATEMALA/AFP
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) fue extraditado ayer en la mañana a Estados Unidos, donde la corte de Nueva York lo reclama por el delito de conspiración para lavar 70 millones de dólares en bancos norteamericanos durante su gestión, entre los que destacan 1.5 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos para la niñez, según la acusación.
“¡Hasta luego, pueblo de Guatemala!”, expresó Portillo poco antes de abordar una aeronave estadounidense en la sede de la Fuerza Aérea Guatemala, adonde fue llevado en medio de un fuerte despliegue de seguridad.
Ante la prensa, Portillo, quien se convierte en el primer exgobernante latinoamericano en ser entregado a la justicia estadounidense, calificó su extradición como un “secuestro” y acusó al gobierno del presidente Otto Pérez de “violar la ley”, pues, según dijo, aún tenía recursos pendientes en los juzgados guatemaltecos.
Poco después, el ministro de Gobernación, Mauricio López, dijo haber firmado la extradición porque ya había culminado “todo el proceso judicial”. “No había pendientes recursos ni notificaciones” que resolver, afirmó en rueda de prensa.
El delito es castigado con una pena máxima de veinte años de prisión, según la legislación estadounidense.
Portillo había presentado varios recursos para evitar su extradición, aprobada en noviembre de 2011 por el expresidente Álvaro Colom (2008-2012).
El caso de Portillo en Estados Unidos lo involucra con el presunto depósito de dinero público en cuentas bancarias de Miami y por la transferencia de la plata a una cuenta de París, que estaba a nombre de su exesposa y de su hija.
El exmandatario dijo que el proceso penal no es más que una represalia política elaborada por poderosos empresarios guatemaltecos y por el Gobierno de Estados Unidos, ante su negativa de plegarse a sus intereses. También dijo que la solicitud de extradición constituye una violación de sus derechos humanos.
Portillo gobernó bajo la bandera del Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el exdictador Efraín Ríos Montt, a quien la justicia procesa bajo acusaciones de genocidio contra indígenas perpetrados por el Ejército en su régimen (1982-1983).
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