Elízabeth Romero
Cada año en Nicaragua 1,500 niñas menores de 14 años dan a luz y muchas de ellas quedaron embarazadas producto de violación. Además, en los primeros tres meses de este año, se registran 83 violaciones a menores de entre 11 y 15 años, de acuerdo con el movimiento de mujeres 28 de Septiembre.
Según Marta María Blandón, directora del organismo Ipas, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal, todas las niñas embarazadas fueron violadas, porque cualquier persona que sostenga relaciones sexuales con una menor de 14 años, incurre en delito.
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Y agregó que a lo interno del poder judicial, los magistrados han generado todo un debate sobre la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, no así por los recursos por inconstitucionalidad introducidos contra la penalización del aborto terapéutico que llevan más de cinco años. “Es una Corte que no cumple su deber. Se suma como instrumento de Estado a la violencia contra las mujeres”, considera Carrión.
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“Hay ahorita 1,500 niñas menores de 14 años que han sido obligadas a parir solo en las instituciones públicas de salud menores (…) ese es un crimen”, dijo Blandón.
“Así es que esta Corte Suprema, las autoridades del ejecutivo y la Asamblea Nacional están aplazadas en el respeto y garantía del interés superior del niño y el respeto al derecho a la vida y a la salud de las mujeres”, apunta la directora del Ipas.
De las 83 niñas violadas, nueve quedaron embarazadas, sostiene Ana Evelyn Orozco, del Movimiento 28 de Septiembre.
“¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las instituciones? Ocurre cada año y eso no ha bajado. Eso, todo lo contrario, va incrementando (la violencia)”, dijo Blandón.
En el día de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones de mujeres promovieron diferentes actividades como el IV Encuentro Nacional por la Salud y la Vida de las Mujeres, impulsado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, Movimiento Autónomo de Mujeres, Movimiento Feminista 28 de Septiembre, entre otros. Mientras el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto terapéutico efectuó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde introdujeron un escrito para demandar que la CSJ se pronuncie por el recurso por inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley 641, Código Penal.
SIGUEN ABORTOS
Blandón, una de las firmantes del escrito introducido ayer en la Secretaría de la CSJ, aseguró que en el país se siguen practicando abortos clandestinos debido a la penalización existente en el país, aunque indicó que “a nivel de estadísticas se enmascaran”. Y las mujeres que recurren a maniobras peligrosas rechazan hablar de las mismas.
Ella estima que de 10 a 12 mujeres han fallecido en lo que va del año por esta causa. Pero muchas veces los familiares pretenden hacer pasar como accidentes dichos decesos.
El 13 de marzo pasado, la Relatoría Especial contra la Tortura (de las Naciones Unidas), en su informe anual sobre la tortura, señala que la ausencia del Estado en la regulación, control y supervisión en servicios de salud equivale a la tortura.
La enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Elia Palacios, criticó el “silencio gubernamental” sobre la salud de las mujeres. “Vivimos la opresión de los agresores y también del Estado complaciente”, sostuvo Palacios, quien refirió que 13 de los 31 hombres que han cometido femicidio en lo que va del año tenían antecedentes penales, y de ese total, 15 están prófugos.
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