Carlos Sánchez Berzain
La comparecencia del actor Sean Penn ante el Subcomité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pidiendo que su gobierno intervenga ante el de Bolivia para la liberación del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, proponiendo incluso que el rail Dakar no pase por Bolivia, evidencia la existencia de presos políticos por decisiones judiciales en los países del socialismo del siglo XXI.
Sean Penn actor en la película Dead Man Walking, que ganó un Oscar, es un activista notorio en América Latina por su amistad con los dictadores Castro y con el fallecido Hugo Chávez, a través del que hizo amistad con Evo Morales. Evo declaró a Penn “embajador de buena voluntad de la causa marítima boliviana y por la despenalización de la coca”.
Penn fue a Bolivia tres veces el año 2012 para pedir a Evo Morales la liberación de Ostreicher, encarcelado 18 meses. Las gestiones permitieron que el juez cambiara la detención por arresto domiciliario y dieron lugar a un escándalo público derivado en una investigación que evidenció la red oficial de extorsión que involucra a altos funcionarios del Gobierno, fiscales y policías, algunos de ellos detenidos mientras el Gobierno enfría el caso para evitar que llegue al propio Morales.
Constatada que la detención de Jacobo Ostreicher es una decisión política de Evo y muerto Hugo Chávez, al parecer Penn no tuvo más opción que reclamar y pedir ayuda a su propio Congreso, lo que provocó la furia de su amigo el líder cocalero boliviano, enojo justificado porque expone a los ojos del mundo el caso del preso político estadounidense en Bolivia.
El tema es que en los países del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, (Argentina ha emprendido el mismo camino), la justicia como instrumento de represión y persecución política, manipulada desde el gobierno tiene muchas más víctimas. La lista de presos políticos en Cuba seguramente ocuparía todas las páginas del diario, siendo notable la del estadounidense Alan Gross ya sentenciado.
En Venezuela presos políticos como el general Raúl Baduel, el mayor Milton Revilla, los policías Ivan Simonovis y Lázaro Forero, la juez Afiuni, el empresario Víctor García, decenas de estudiantes universitarios, el documentalista estadounidense Timothy Tracy, entre muchos otros.
En Bolivia son presos políticos a demanda de Evo Morales, los generales Roberto Claros, Juan Veliz, Luis Aranda, Gonzalo Rocabado y otros que en 2003 cumplieron sus obligaciones constitucionales, el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, las víctimas de la masacre de La Calancha, los cívicos acusados en el caso de terrorismo cuyo montaje gubernamental está demostrado, Juan C. Velarde, Hugo Paz, general Gary Prado y decenas más, el exministro y senador Guillermo Fortún que murió preso, los funcionarios de la empresa aérea liquidada por el Gobierno y muchos más acusados de delitos fraguados por el Gobierno para anularlos como líderes y/o apropiarse de su patrimonio.
En Ecuador los jueces, a demanda de Rafael Correa, han condenado a 18 meses de prisión al asambleísta Clever Jiménez, a Carlos Figueroa y al periodista Fernando Villavicencio por difamación, acusada de terrorismo la dirigente Mery Zamora ha sido condenada a 12 años de prisión, por haber organizado una marcha de dirigentes y estudiantes.
Estos casos deben llamar la atención de las democracias del mundo para recordarles que hay presos políticos en los países del socialismo del siglo XXI y que, además de abogar por su liberación, no le sigan llamando a eso democracia. El autor es abogado y politólogo. Fue ministro y parlamentario en Bolivia. ©FIRMAS PRESS
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