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Retardación de justicia

La retardación de justicia es un mal endémico en el poder judicial y cuya responsabilidad recae directamente en la Corte Suprema de Justicia, pues su tarea primordial es vigilar con celo minucioso a los administradores de justicia, que con frecuencia y por razones desconocidas no respetan los procedimientos que establece la ley y los fallos y sentencias distan de ser ecuánimes y ajustados a derecho.

El juez Edgard Orlando Altamirano López es uno de los que más se empeña es estos actos violatorios a la ley, lo cual debería sancionarlo la CSJ, con el despido del cargo, precisamente por su reincidencia.

Hace 50 días el exoficial de la Policía, Luis David Urbina, fue condenado a doce años y medio de prisión y el expediente aún no llega al Tribunal de Apelaciones. Este expediente debió salir de sus gavetas, al menos después de interpuesto el recurso de apelación, lo que violenta de manera execrable los principios y garantías procesales cuatros días después, lo que viola los principios y garantías procesales del Código Procesal Penal, como son el de Legalidad, Respeto a la dignidad humana, Celeridad procesal y el derecho a recursos, manteniendo al expolicía arbitrariamente en completa indefensión. ¿A cuántos acusados más el juez Altamirano López le violenta sus derechos?

Durante el proceso judicial, el juez Edgard Orlando Altamirano López fue un sordo en la defensa que ejerció el doctor Leónidas Arévalo, nunca tomó en cuenta sus alegatos, pero estaba presto y solícito a las objeciones y desplantes de la fiscal Zeila Buitrago, olvidando deliberadamente el principio de la proporcionalidad, que exige que el juez debe actuar racionalmente y velar por los derechos individuales que puedan resultar afectados. Lo anterior significa simple y llanamente imparcialidad, que en este proceso penal no la hubo.

“Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, sin formalismo que perturbe sus garantías constitucionales”, según el CPP.

Un abogado de apellido Barquero se atrevió recientemente a reclamarle retardación de justicia y violación a los plazos establecidos por la ley y lo envió arbitrariamente a la cárcel, durante tres días sin denuncia ni figura de juicio.

Todo lo actuado contra Urbina Escobar de parte de Altamirano López fue inhumano, le impuso una condena antojadiza, sin respetar que no tiene antecedentes, ignora la evidencia que el (ahora) occiso, en pleno día, no acata la señal de alto de la patrulla y se da a la fuga, pero durante la persecución el evasor amenaza con un arma y al final mientras intentan capturarlo este se resiste, se da un forcejeo y el arma del policía Urbina se dispara accidentalmente, lo que quedó ampliamente demostrado en el transcurso del juicio.

Se probó, ahora bien, que el agente Urbina Escobar apenas recibió un “curso básico de tres meses”, que no recibieron entrenamiento de disparos, porque el instructor estaba preso por robo, que un jefe de patrulla deben tener más de un año de experiencia y Urbina Escobar apenas llegaba a los diez meses, que su expediente era limpio, y los jefes policiales que comparecieron como testigos en el juicio aseguraron que se había desempeñado en sus labores de agente del orden responsablemente y además ejemplo de disciplinado para sus compañeros.

La declaración del taxista Jefferson Silva Avilés, testigo presencial del hecho, fue contundente a favor de Urbina Escobar. Rosmel Sebastián Arróliga, presunto testigo de cargo, dio tres versiones y quedó en evidencia que llegó a mentir al juicio. El escenario donde se registró el hecho fue contaminado en el acto por un sinnúmero de personas que llego al lugar después del incidente y el juez Altamirano tampoco le dio valor a esta importante prueba, la que fue corroborada por el capitán Pedro Hernández, jefe inmediato del expolicía Urbina. La acusación contra el policía Urbina era porque no andaba casco Cajina Castillo al conducir la motocicleta, totalmente absurdo. Pero el juez Altamirano aceptó y se sometió sin cuestionamientos a la farsa.

El poder judicial tiene que investigar esta actuación anómala del juez Altamirano, por ser la misma inverosímil, pues al final los señores magistrados serán señalados de responsables por no tener en esos cargos a personas capaces y con alto sentido de equidad en la digna labor de impartir justicia. El autor es periodista


Opinión retardación de Justicia archivo
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