Esta semana se realizó en Antigua, Guatemala, la cuadragésima tercera (43) asamblea general de cancilleres de la OEA, en la cual lo más relevante que ocurrió fue lo que menos importancia mereció para las agencias internacionales de prensa. Y también fue disimulado por los gobiernos pertenecientes a ese organismo hemisférico.
E l tema central de la asamblea de la OEA en Guatemala era el de las drogas, para lo cual la Secretaría General preparó un amplio informe que fue conocido de previo por todos los miembros de dicha organización intergubernamental. Sin embargo, los cancilleres no pudieron ponerse de acuerdo en el enfoque del problema y lo remitieron a una próxima asamblea “específica” sobre las drogas, que será convocada más adelante.
Pero en el temario de la reunión de la OEA en Antigua había un asunto relacionado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual sí se pudo resolver de manera positiva. Además, su solución significó una derrota para el grupo de gobiernos que forman el bloque del Alba, los cuales están empeñados en desvirtuar o eliminar a dicha Comisión porque es el único organismo operativo de la OEA que funciona de manera independiente, y por lo tanto es eficaz al denunciar las violaciones a los derechos humanos donde quiera que se cometan, así sea en los países del Alba.
El punto en referencia era la elección de los tres nuevos miembros de la CIDH, quienes son los que formulan su agenda y determinan sus prioridades. Con el respaldo de los representantes de los gobiernos del Alba, Ecuador propuso para encabezar a los tres nuevos miembros de la Comisión a Erick Roberts, funcionario del gobierno de Rafael Correa y defensor de su régimen autoritario. Sin embargo, la candidatura de Roberts fue derrotada porque no cumplía el requisito básico de independencia, que hasta ahora es indispensable para ser miembro de esa comisión. Como dijo a los periodistas un delegado ante la asamblea de la OEA, bajo la condición de anonimato, elegir al candidato de Ecuador y del Alba hubiese sido aceptar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fuera convertida en instrumento diplomático de un gobierno y con eso se “hubiese creado un pésimo antecedente”.
Por las manos de los miembros de la CIDH pasan todos los asuntos que esta tramita y resuelve. Por eso siempre se ha elegido a profesionales de reconocida independencia ante los gobiernos que ellos deben controlar, y si es necesario denunciarlos cuando de cualquier manera cometan o permitan violaciones a los derechos humanos.
En lugar del candidato ecuatoriano propuesto por el gobierno de Rafael Correa, la asamblea de la OEA eligió al brasileño Paulo Vannuchi, cuyas credenciales permiten confiar que desempeñará correctamente su trabajo. Y además fueron elegidos el mexicano José de Jesús Orozco y el estadounidense James Cavallaro, ambos también de demostrada independencia política y reconocida vocación para la defensa de los derechos humanos.
De manera que en Antigua, Guatemala, se pudo preservar la integridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera se ha vuelto a demostrar que hasta en un escenario tan precario como es ahora la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando hay voluntad y valor se puede contener la arremetida de la corriente populista y autoritaria que infesta actualmente América Latina y el Caribe.
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