Lucía Navas
Los bancos ya no podrán cobrar una penalización a sus clientes que decidan pagarle antes del tiempo contratado un crédito. Tampoco lo podrán hacer las empresas de telefonía móvil, de internet y televisión por cable.
Esto es parte de la reglas que incorpora la nueva Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y/o Usuarios, aprobada ayer en lo general.
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La Ley fue aprobada con 65 votos de la bancada sandinista y sus dos aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) puso 24 votos en contra porque considera que tal como quedó redactado el nuevo marco legal lo que protege son los intereses de los proveedores de los servicios, es decir, a los empresarios.
Un reclamo fuerte que hizo el diputado de la BDN, Alberto Lacayo, es que en la nueva Ley de Defensa de los Consumidores no se contempla ningún artículo que norme el procedimiento contra las empresas médicas previsionales por mal servicio.
Lacayo argumentó que el vacío en este aspecto “es grave” por cuanto “hay miles de quejas y casos que se presentan de mala práctica médica que se cometen en las clínicas previsionales, que son privadas y por tanto nadie las obliga a responder por ello”.
El diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, respondió que “no hay tal indefensión” por cuanto existe el marco legal que rige al sistema de salud del país, como es la Ley General de Salud Pública y el responsable rector de hacer cumplirla es el Ministerio de Salud (Minsa).
EL CASO DE LAS URBANIZADORAS
Uno de los temas más polémicos durante el debate de la aprobación de la Ley de los Consumidores entre la bancada oficialista y la opositora, fue en torno las reglas para proceder en contra de las urbanizadoras por mala calidad de la vivienda o el residencial que vendan.
Gutiérrez sostuvo que a través de esta Ley “por fin se crea un marco legal claro” sobre las urbanizaciones al facultar al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), como el ente regulador “para proteger a los consumidores de las viviendas en el país y resolver las quejas que se presenten”.
Aunque Gutiérrez aclaró que la Ley no es retroactiva y por tanto los casos de las familias de seis residenciales en Managua que perdieron sus enseres en las inundaciones de hace tres semanas, no podrían hacer uso de la misma para iniciar quejas en el Invur. “Pero eso no significa que no puedan proceder con demandas civiles contra el urbanizador”, afirmó.
Pero el legislador opositor, Enrique Sáenz, cuestionó que al no permitir la Ley de los Consumidores poder rescindir del contrato de compra de una vivienda cuando esté hipotecada con el banco, “se condena a las familias que compren casas en esas urbanizaciones de mala calidad a seguir perdiendo todos sus bienes”.
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