Quito/EFE
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) consideró ayer que la Ley de Comunicación aprobada ayer por la Asamblea Nacional “protege la corrupción” y avanzó que agotará “todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país”. Esta ley es calificada por la oposición como “ley mordaza”, mientras el oficialismo la defiende como instrumento para frenar abusos de ciertos sectores de la prensa.
“Creemos que con esto se pretende consagrar el control absoluto de la prensa independiente en el país y se está garantizando, antes que libertad de información, la protección a la corrupción (…) al incluir el linchamiento mediático”, dijo Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, en referencia a la figura que persigue la publicación reiterada de informaciones que dañen la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
Para Ordóñez, el “linchamiento mediático” va a “escudar la corrupción”, ya que no se permitirá la difusión de ciertas informaciones en más de un medio o durante varios días, algo que choca con “lo que siempre nos han enseñado en la universidad”, al referirse al seguimiento de casos de investigación periodística.
Como aspecto positivo de la nueva ley destacó la regulación del acceso a la profesión, que obligará a que las labores periodísticas sean ejercidas por profesionales, así como el aspecto relativo a los derechos laborales de los comunicadores.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, indicó que con la aprobación de esta ley “liberticida” se produce uno de los “retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina”.
Dijo, sobre el linchamiento mediático, que es el “establecimiento de un sistema de censura previa” que convierte al mandatario, Rafael Correa, en el “Gran Hermano” y “Gran Editor” de la nación.
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