Elízabeth Romero/Martha Vásquez
Las mujeres organizadas volvieron a las calles. Esta vez se plantaron por diferentes puntos de la Carretera Panamericana en todo el país, para exigir presupuesto que permita una aplicación real de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, así también en rechazo ante una posible reforma a la misma.
Las magistradas fueron recusadas por el abogado Bismarck Dávila por haberse implicado al defender la Ley 779. Por otro lado la doctora Juana Méndez expresó que están trabajando en un protocolo de actuación para la aplicación de la normativa, para que no haya contradicciones entre lo que resuelve un juez y otro.
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De aprobar la mediación — dice Luz Marina Torres, del colectivo 8 de Marzo— pondrían “en grave peligro la vida de las mujeres”. En lo que va del año, 35 mujeres han sido asesinadas, recordó Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Mientras el colectivo 8 de Marzo, de enero a la fecha ha recibido 320 casos de mujeres que denunciaron violencia. Torres denunció que todavía en enero y febrero en las Comisarías hicieron mediar con sus agresores a nueve de las víctimas.
Mientras Elia Palacios, enlace nacional de la Red Contra la Violencia, criticó que no hay campañas para prevenir la violencia contra las mujeres.
“No hay casos leves en situaciones de violencia”, expresó Jiménez, quien adelantó que denunciarán al Estado de Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, que da seguimiento a la convención de toda forma de discriminación.
Mientras tanto en la Corte Suprema de Justicia los magistrados mantienen que entre junio y más tardar julio resolverán los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 779 y luego presentarán la reforma a la Asamblea Nacional.
“No hemos visto sinceramente los recursos. Yo los tengo en el correo, pero no se han estudiado ni discutido”, dijo el magistrado de facto Rafael Solís.
Los magistrados del supremo tribunal mantienen dos criterios sobre el proceso en que deben ser resueltos los recursos. Por un lado, hay quienes aseguran que es la Sala Constitucional la que debe darles trámite y hacer un proyecto de sentencia para ser discutida en Corte Plena, y otros sostienen que la presidenta de la CSJ puede llevarlo de una vez a Corte Plena.
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