Israel trata de poner fin a a la casi-impunidad de los autores de actos racistas anti árabes que se multiplican desde hace meses, en Cisjordania y en su territorio.
El lunes, una treintena de coches fueron saqueados y aparecieron con pintadas anti árabes realizadas por presuntos extremistas judíos en Abu Ghosh, una localidad árabe israelí al oeste de Jerusalén.
Estas actuaciones son todavía más escandalosas teniendo en cuenta que Abu Ghosh es un barrio presentado como un ejemplo de la “cohabitación” entre una mayoría árabe y una minoría judía.
La víspera, tres palestinas, incluida una señora de 75 años, recibieron una paliza en manos de israelíes en dos incidentes separados en Jerusalén. Las víctimas denunciaron agresiones racistas, una motivación no confirmada por la policía, que anunció la detención de uno de los presuntos autores, un menor en estado de embriaguez.
Colonos extremistas y activistas de extrema derecha ejercen, bajo la apelación del “precio a pagar”, represalias contra los palestinos o los árabes israelíes, los lugares de culto musulmanes y cristinos, los militantes pacifistas israelíes, e incluso el ejército, después de una decisión gubernamental que consideran hostil a sus intereses o de actos atribuidos a palestinos.
“Israel todavía no decidió cómo resolver este problema”, declaró en la radio militar Menahem Landau, antiguo responsable de la unidad encargada por los extremistas judíos en el Shin Beth, el servicio de seguridad interior israelí, “pero si esto sigue, habrá represalias y muertes. ¿Qué diremos entonces? ¿Que no eran más que pintadas?”.
Preconiza perseguir a los autores de estos actos por pertenencia a organizaciones clasificadas como “terroristas”, lo cual permitiría a los Shin Beth combatirles de forma más eficaz.
Pero si el gabinete de seguridad israelí reforzó el domingo los poderes de las fuerzas de seguridad al clasificar a los autores de estos actos como miembros de “organizaciones ilegales”, se abstuvo de designarlos como “terroristas”, una medida calificada de “broma” por una especialista de las cuestiones jurídicas del diario Yediot Aharonot.
“Esta decisión, que contradice la postura del fiscal general, de la ministra de Justicia y del jefe del Shin Beth, demuestra la cobardía del gobierno actual, que, al igual que los anteriores, teme a la extrema derecha”, escribe, y se pregunta “si será necesaria un grave atentado de la extrema derecha que incendie toda la región para que el gobierno actúe de verdad”.
“ORGANIZACIÓN SECRETA”
“El gobierno debe decidir tratar el problema y definir una categoría jurídica más clara para los autores de estos actos”, estimó también Shlomo Aharonishki, antiguo jefe de la policía, en la radio militar.
Para el diputado árabe de oposición Mohamad Barakeh, “si estas organizaciones se consideraban como terroristas, las fuerzas de seguridad dispondrían de los medios para reprimirlos, al igual que todo acto perpetrado por los palestinos, que califican de terrorista”.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, condenó las actuaciones de Abu Ghosh como “contrarias al judaísmo, a los valores de nuestro pueblo y de nuestro Estado”.
Un número ínfimo de autores de actos vinculados al “precio a pagar” son efectivamente condenados, en parte porque la mayoría de los sospechosos detenidos son menores de edad, indicó a la AFP una portavoz de la policía, Luba Samri.
“Esto complica mucho el proceso jurídico”, admitió.