Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La empresa minera canadiense Industrias Infinito o Infinito Gold, amenaza con demandar internacionalmente al estado costarricense por haberle eliminado los permisos ambientales para extraer oro en Crucitas, un fallido proyecto ubicado cerca de la frontera con Nicaragua.
La vocera de la empresa, Joquebec Soto, sin brindar mayores detalles dijo que ya existe una demanda internacional por más de mil millones de dólares, porque no se irá del país sin el dinero que invirtió.
Soto también amenazó con publicar un “documento revelador” sobre los permisos ambientales otorgados a la empresa y se quejó, según ella, de la inseguridad jurídica que existe en el país porque a su criterio los tribunales un día dicen una cosa y luego otra.
El cuestionado proyecto minero Crucitas quedó literalmente sepultado dentro del marco judicial costarricense, luego que la Sala Cuarta Constitucional rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra fallos judiciales que le anularon permisos ambientales para extraer oro cerca de la frontera con Nicaragua.
El recurso había sido planteado por Juan Carlos Hernández Jiménez y Federico Sosto López, apoderados especiales judiciales de la empresa canadiense, el cual iba en contra del fallo del el Tribunal Contencioso Administrativo, que a finales del 2010 anuló los permisos ambientales a favor de esta minería.
El fallo del Tribunal fue refrendado un año después por la Sala Primera de la Corte.
“La Sala Constitucional resolvió por unanimidad rechazar de plano la acción, debido a que no cumplía un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta, de acuerdo a lo que disponen los artículos 9° y 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”, dijo el Poder Judicial.
Este era el último argumento legal que la empresa minera canadiense tenía en Costa Rica para revertir los fallos judiciales en su contra.
El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, celebró este nuevo fallo adverso a la empresa minera y dijo que ahora le corresponde al Ministerio Público sentar responsabilidades contra quienes otorgaron irregularmente permisos ambientales a Crucitas.
