Elízabeth Romero/Rezaye Álvarez
“La directora (de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera) debe cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Constitución, las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás disposiciones que se relacionen con la actividad propia de la institución”, recuerda el Ieepp.
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Los hechos violentos ocurridos la semana pasada por personas allegadas al partido de gobierno, contra ciudadanos que respaldaban la protesta de los adultos mayores, debe llevar a las autoridades policiales a un proceso investigativo interno y sancionar a quienes no actuaron conforme al mandato Constitucional, planteó ayer el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
En un pronunciamiento emitido ayer, esa organización independiente considera que la actuación de los agentes policiales violentó el derecho constitucional de protesta, defensa de la integridad física de las personas y la libertad de expresión de los ciudadanos jóvenes y adultos que hacían una demanda cívica por pensiones reducidas.
De acuerdo con el Ieepp, la Policía cometió detención arbitraria, sometió a personas a tortura, tratos crueles y denigrantes y violentó derechos humanos contemplados en la legislación nacional y tratados internacionales de los que Nicaragua es firmante.
El Ieepp señala que se documentaron diversos casos de tratos inhumanos, golpes, uso excesivo de la fuerza, amenazas a la vida e intimidación de agentes de la Policía Nacional.
De acuerdo con el pronunciamiento del Ieepp, la Policía Nacional “violó los principios jurídicos de neutralidad e imparcialidad, que rigen el comportamiento de esa institución del Estado”, al permitir no solo la agresión de decenas de jóvenes y adultos mayores de mano de grupos armados afines al gobierno, sino que incluso es señalada de patear a personas que buscaron la protección de los agentes destacados en el sitio.
“Ante los incidentes de violencia social y política ocurridos entre el 17 y el 22 de junio en la protesta del INSS, el Ieepp considera que la actuación de la Policía Nacional irrespetó una serie de artículos constitucionales, violando derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional y, de igual forma, no cumplió con su misión como institución garante de la seguridad interna del país, según la Ley de la Policía Nacional”.
Todavía ayer, víctimas de la violencia de la Juventud Sandinista buscaban una respuesta policial sobre el robo de sus vehículos y artículos personales, que fueron arrebatados por los grupos afines al orteguista, pero cinco días después del acto de agresión, la autodenominada “mejor Policía de Centroamérica” no tenía una respuesta.
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